La Fundación Human Rights (HRF, por sus siglas en inglés), basada en los resultados de un reporte realizado por Citizen Lab condena enérgicamente el mal uso de la tecnología y de piratas cibernéticos patrocinados por los gobiernos autoritarios para atacar a miembros y grupos de la oposición, así como también a medios de comunicación.
Los países donde se ha encontrado evidencia de esta actividad criminal son Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil.
Según el reporte, se han encontrado pruebas de este tipo de ataques desde 2008, pero hasta hoy las infraestructuras de estos piratas cibernéticos o "hackers" permanecen operativas.
Para el presidente de HRF, Thor Halvorssen el progreso tecnológico ha cambiado nuestras vidas y la manera cómo nos comunicamos, pero un mal uso de "estas herramientas también han servido a los régimenes autoritarios para vigilar, amenazar y oprimir a informantes y disidentes".
"Los agentes convencionales de inteligencia han sido reemplazados por rufianes cibernéticos altamente entrenados, que llevan a cabo sus operaciones criminales de piratería informática. Ellos pueden destruir equipos, realizar amenazas creíbles de muerte, dañar seriamente la credibilidad de un activista y lo que es peor, fabricar evidencia para asegurar una condena errónea", afirma Halvorssen.
De acuerdo a esta investigación realizada por Citizen Lab, un grupo de investigación interdisciplinario de la Universidad de Toronto, "un numero de periodistas, activistas, políticos y figuras públicas en Latinoamérica han sido víctimas de una campaña cibernética a gran escala desde 2008.
La evidencia presentada en el reporte sugiere que los perpetradores de estos ataques son parte de un grupo de hackers, a quienes han denominado "Packrat" patrocinados por un actor o grupo de actores de los Estados".
Con la divulgación de estas evidencias, HRF saca a la luz este tipo de comportamientos criminales que atentan no solo con la democracia de un país sino con los derechos humanos y civiles de los ciudadanos.