Hace dos meses la Conferencia Episcopal Venezolana, la máxima autoridad de la Iglesia, alertó sobre la grave situación que atravesaba Venezuela y sobre las demandas que tenía que atender el gobierno del presidente Nicolás Maduro para superarla.
La Voz de América conversó con su presidente, Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, Arzobispo de Cumaná quien advierte que hasta ahora ninguna de esas demandas ha sido atendida. Argumenta que, por el contrario, se ha agudizado la represión a la disidencia política en un sistema de gobierno anticonstitucional.
¿Cómo califica después de cuatro meses la crisis que vive Venezuela?
La situación del país es una crisis global, de muchas dimensiones, las abarca todas. Desde lo social, económico, pasando por lo educativo y lo espiritual, y por eso esta situación crea confusión, no tiene fácil respuesta, pero también genera una gran incertidumbre: ¿Hacia dónde vamos? Vamos caminando, pero no sabemos hacia dónde.
¿Ha dado el gobierno nuevos indicios desde febrero de avanzar en la instalación de un sistema de gobierno totalitario?
El sistema es el mismo, mantiene los principios fundamentales. Lo que ha habido es acentuaciones de algunos aspectos como la represión. Es muy notable. ¿Habría razones para que los venezolanos no hagan ejercicio de sus derechos civiles, políticos, incluso razones que argumenten, que desde el gobierno se vulneren los derechos humanos?
Hay casos documentados, concretos, especificados donde ha habido un gran abuso y una arremetida contra la persona y todos sus derechos, eso está clarísimo, no es ningún secreto en Venezuela. Además hay una gran cantidad de casos bien estudiados, por tanto eso que ya tenemos en concreto y analizado, es el reflejo de la situación que se registra en toda Venezuela. En muchas ciudades hay un ataque frontal contra la libertad, contra las personas, pero no solo sobre los DDHH, los derechos políticos y sociales, sino sobre la calidad de vida, el derecho fundamental a la vida y a una calidad de vida que no tenemos en Venezuela. El hecho de tener que hacer largas horas de cola para conseguir un alimento, si es que lo consigues; el que haya escasez de medicina, es poca calidad de vida.
En Venezuela han sido reportados robos de bolsas de comida. ¿Hasta dónde cree que puede llevar a los venezolanos la crisis económica?
Eso es el reflejo de la situación. Lo que más urge en Venezuela es tener comida. Otras cosas han pasado a un segundo plano como el robo de joyas o elementos clave como un celular. La verdadera necesidad es la defensa de la vida misma, de lo que comemos. Ese es el ataque más fuerte a los derechos humanos.
¿Cree que desde el gobierno se promueven acciones que cuestionan el valor de la vida como algo absoluto?
No es un asunto que apunte a la promoción de acciones, porque hay que reconocer que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo los planes de seguridad. Pero no solamente basta con hacer los planes. El problema es la eficiencia, ninguno de esos planes ha resultado totalmente. Sus resultados son muy bajos y eso conlleva a estar frente a un problema muy grave de eficiencia en la gestión gubernamental en todas sus dimensiones.
¿Hasta dónde cree que el gobierno le teme a la verdad? No solamente haciendo referencia al caso Leopoldo López, sino también a la indisposición para promover la creación de una comisión de la verdad que aclare las muertes que se ha registrado desde el pasado 12 de febrero
El gobierno, no ahora sino siempre, en casi 16 años le ha tenido miedo a la verdad, y en ningún momento ha habido una comisión de la verdad que sea objetiva y amplia. Una comisión de la verdad manejada desde el gobierno no es objetiva y no va a reflejar la situación real.
¿Cree que por ese miedo a la verdad se tomó la decisión de juzgar a Leopoldo López?
No es tanto por un asunto de la verdad. Se trata más bien de acallar voces disidentes, por eso no es extraño que puedan venir otras detenciones, porque todo el que manifieste su adversidad públicamente contra el gobierno va a sentir también los efectos de la represión. O se le insulta, o se le encarcela o se le amedrenta.
¿Cree que es democrática esa decisión?
No me queda clara la razón por la cual lo están juzgando. Eso está en un nivel muy impreciso. No es democrática esta decisión. Hay una serie de elementos que van en contra del debido proceso.
¿Cuál puede ser el aporte de la Iglesia venezolana en este momento para que avance el diálogo, siendo que como dijo la CEV en el documento difundido en abril pasado “todos, sin excepción, somos responsables de la libertad, la paz y el destino democrático de nuestra Patria”?
Hay dos elementos que quisiera destacar. El comunicado publicado en abril hace una afirmación que sigue siendo válida: no se trata de una u otra persona. Es el sistema como tal el que es anticonstitucional. En segundo lugar, este es un sistema que no corresponde a lo establecido en la constitución. La única manera de salir de esta crisis es que las partes opuestas se sienten, como ya lo hicieron, a dialogar con un temario y con un itinerario, y con la perspectiva de unos resultados concretos.
¿Por qué cree que el diálogo gobierno-oposición no ha dado los frutos esperados?
Porque posiblemente no se esperaban frutos concretos, sino más bien se tenía la idea, al menos eso es lo que manifiesta la parte oficialista, que la idea era conversar. Pero conversar no es dialogar, podemos pasar todo el día conversando y no dialogando, porque diálogo significa que las partes se cruzan y que se aceptan de uno y otro lado, al momento de razones se llega a una concreción. Eso es lo que ha faltado, no ha habido voluntad de cambio, de aceptar unas propuestas que lleven a mejorar la situación del país.
¿Cuál puede ser la acción de la Iglesia para contribuir con la reconciliación en Venezuela?
Reforzar la conciencia de que el diálogo es el único camino para alcanzar la superación de esta polarización que tenemos y de esta crisis en todos los órdenes. Porque la otra vía es la violencia, y sabemos que la violencia nos lleva a mayor violencia y a muerte. Por tanto, frente a la guerra y a la violencia el único camino es el diálogo, pero con un itinerario, un propósito firme y unas metas. Un diálogo en la línea del respeto, y de aceptar las posturas de ambas partes.
¿Cómo observa, en el contexto del diálogo, la participación de actores extranjeros, la decisión de sanciones a funcionarios venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos por violación de DDHH?
En principio los problemas de los venezolanos los resolvemos los mismos venezolanos. Podemos tener ayuda, y para muestra el papel de la Unasur, y del Vaticano que tienen un papel positivo. Pero la injerencia en el país no se puede aceptar, ni tampoco genera un resultado positivo. Se ha dicho, incluso Estados Unidos lo ha asimilado, que no es el momento de tomar decisiones contra Venezuela, ni tampoco nadie sabe cuál será el resultado de esas decisiones. Estoy convencido de que tenemos capacidad suficiente para analizar y resolver nuestros problemas sin necesidad de interferencia de ninguna otra nación. Creo que es valida la ayuda como ya lo señalamos.
¿Qué opina la Iglesia venezolana de esta nueva denuncia de magnicidio?
La Conferencia Episcopal como tal no ha analizado esa situación, porque no es el primer caso de anuncio de magnicidio. En los 15 años que llevamos creo que hay 70 o 73 intentos de magnicidio que no han quedado en nada, ni detenidos, ni se han encontrado elementos clave. Por tanto hablar de magnicidio es simplemente banalizar la situación. A mí particularmente me parece que es un subterfugio, un trapo rojo para encubrir la situación del país.
¿Cree que las pugnas internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela retrasan la toma de decisiones que requiere el país?
Clarísimo. Para mí hay una dictadura de partido. EL partido tiene más poder que el gobierno. Estoy convencido de que el presidente de la república quisiera hacer otra cosa. Yo estuve convencido de que el presidente iba a dar una Ley de Amnistía o iba a tomar una medida humanitaria a favor de los presos políticos y los que están fuera del país. Pero creo que hay fuerzas dentro del partido que se lo impiden. La dictadura es del partido que es capaz de detener al gobierno.
La Voz de América conversó con su presidente, Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, Arzobispo de Cumaná quien advierte que hasta ahora ninguna de esas demandas ha sido atendida. Argumenta que, por el contrario, se ha agudizado la represión a la disidencia política en un sistema de gobierno anticonstitucional.
¿Cómo califica después de cuatro meses la crisis que vive Venezuela?
La situación del país es una crisis global, de muchas dimensiones, las abarca todas. Desde lo social, económico, pasando por lo educativo y lo espiritual, y por eso esta situación crea confusión, no tiene fácil respuesta, pero también genera una gran incertidumbre: ¿Hacia dónde vamos? Vamos caminando, pero no sabemos hacia dónde.
¿Ha dado el gobierno nuevos indicios desde febrero de avanzar en la instalación de un sistema de gobierno totalitario?
El sistema es el mismo, mantiene los principios fundamentales. Lo que ha habido es acentuaciones de algunos aspectos como la represión. Es muy notable. ¿Habría razones para que los venezolanos no hagan ejercicio de sus derechos civiles, políticos, incluso razones que argumenten, que desde el gobierno se vulneren los derechos humanos?
Hay casos documentados, concretos, especificados donde ha habido un gran abuso y una arremetida contra la persona y todos sus derechos, eso está clarísimo, no es ningún secreto en Venezuela. Además hay una gran cantidad de casos bien estudiados, por tanto eso que ya tenemos en concreto y analizado, es el reflejo de la situación que se registra en toda Venezuela. En muchas ciudades hay un ataque frontal contra la libertad, contra las personas, pero no solo sobre los DDHH, los derechos políticos y sociales, sino sobre la calidad de vida, el derecho fundamental a la vida y a una calidad de vida que no tenemos en Venezuela. El hecho de tener que hacer largas horas de cola para conseguir un alimento, si es que lo consigues; el que haya escasez de medicina, es poca calidad de vida.
En Venezuela han sido reportados robos de bolsas de comida. ¿Hasta dónde cree que puede llevar a los venezolanos la crisis económica?
Eso es el reflejo de la situación. Lo que más urge en Venezuela es tener comida. Otras cosas han pasado a un segundo plano como el robo de joyas o elementos clave como un celular. La verdadera necesidad es la defensa de la vida misma, de lo que comemos. Ese es el ataque más fuerte a los derechos humanos.
¿Cree que desde el gobierno se promueven acciones que cuestionan el valor de la vida como algo absoluto?
No es un asunto que apunte a la promoción de acciones, porque hay que reconocer que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo los planes de seguridad. Pero no solamente basta con hacer los planes. El problema es la eficiencia, ninguno de esos planes ha resultado totalmente. Sus resultados son muy bajos y eso conlleva a estar frente a un problema muy grave de eficiencia en la gestión gubernamental en todas sus dimensiones.
¿Hasta dónde cree que el gobierno le teme a la verdad? No solamente haciendo referencia al caso Leopoldo López, sino también a la indisposición para promover la creación de una comisión de la verdad que aclare las muertes que se ha registrado desde el pasado 12 de febrero
El gobierno, no ahora sino siempre, en casi 16 años le ha tenido miedo a la verdad, y en ningún momento ha habido una comisión de la verdad que sea objetiva y amplia. Una comisión de la verdad manejada desde el gobierno no es objetiva y no va a reflejar la situación real.
¿Cree que por ese miedo a la verdad se tomó la decisión de juzgar a Leopoldo López?
No es tanto por un asunto de la verdad. Se trata más bien de acallar voces disidentes, por eso no es extraño que puedan venir otras detenciones, porque todo el que manifieste su adversidad públicamente contra el gobierno va a sentir también los efectos de la represión. O se le insulta, o se le encarcela o se le amedrenta.
¿Cree que es democrática esa decisión?
No me queda clara la razón por la cual lo están juzgando. Eso está en un nivel muy impreciso. No es democrática esta decisión. Hay una serie de elementos que van en contra del debido proceso.
¿Cuál puede ser el aporte de la Iglesia venezolana en este momento para que avance el diálogo, siendo que como dijo la CEV en el documento difundido en abril pasado “todos, sin excepción, somos responsables de la libertad, la paz y el destino democrático de nuestra Patria”?
Hay dos elementos que quisiera destacar. El comunicado publicado en abril hace una afirmación que sigue siendo válida: no se trata de una u otra persona. Es el sistema como tal el que es anticonstitucional. En segundo lugar, este es un sistema que no corresponde a lo establecido en la constitución. La única manera de salir de esta crisis es que las partes opuestas se sienten, como ya lo hicieron, a dialogar con un temario y con un itinerario, y con la perspectiva de unos resultados concretos.
¿Por qué cree que el diálogo gobierno-oposición no ha dado los frutos esperados?
Porque posiblemente no se esperaban frutos concretos, sino más bien se tenía la idea, al menos eso es lo que manifiesta la parte oficialista, que la idea era conversar. Pero conversar no es dialogar, podemos pasar todo el día conversando y no dialogando, porque diálogo significa que las partes se cruzan y que se aceptan de uno y otro lado, al momento de razones se llega a una concreción. Eso es lo que ha faltado, no ha habido voluntad de cambio, de aceptar unas propuestas que lleven a mejorar la situación del país.
¿Cuál puede ser la acción de la Iglesia para contribuir con la reconciliación en Venezuela?
Reforzar la conciencia de que el diálogo es el único camino para alcanzar la superación de esta polarización que tenemos y de esta crisis en todos los órdenes. Porque la otra vía es la violencia, y sabemos que la violencia nos lleva a mayor violencia y a muerte. Por tanto, frente a la guerra y a la violencia el único camino es el diálogo, pero con un itinerario, un propósito firme y unas metas. Un diálogo en la línea del respeto, y de aceptar las posturas de ambas partes.
¿Cómo observa, en el contexto del diálogo, la participación de actores extranjeros, la decisión de sanciones a funcionarios venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos por violación de DDHH?
En principio los problemas de los venezolanos los resolvemos los mismos venezolanos. Podemos tener ayuda, y para muestra el papel de la Unasur, y del Vaticano que tienen un papel positivo. Pero la injerencia en el país no se puede aceptar, ni tampoco genera un resultado positivo. Se ha dicho, incluso Estados Unidos lo ha asimilado, que no es el momento de tomar decisiones contra Venezuela, ni tampoco nadie sabe cuál será el resultado de esas decisiones. Estoy convencido de que tenemos capacidad suficiente para analizar y resolver nuestros problemas sin necesidad de interferencia de ninguna otra nación. Creo que es valida la ayuda como ya lo señalamos.
¿Qué opina la Iglesia venezolana de esta nueva denuncia de magnicidio?
La Conferencia Episcopal como tal no ha analizado esa situación, porque no es el primer caso de anuncio de magnicidio. En los 15 años que llevamos creo que hay 70 o 73 intentos de magnicidio que no han quedado en nada, ni detenidos, ni se han encontrado elementos clave. Por tanto hablar de magnicidio es simplemente banalizar la situación. A mí particularmente me parece que es un subterfugio, un trapo rojo para encubrir la situación del país.
¿Cree que las pugnas internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela retrasan la toma de decisiones que requiere el país?
Clarísimo. Para mí hay una dictadura de partido. EL partido tiene más poder que el gobierno. Estoy convencido de que el presidente de la república quisiera hacer otra cosa. Yo estuve convencido de que el presidente iba a dar una Ley de Amnistía o iba a tomar una medida humanitaria a favor de los presos políticos y los que están fuera del país. Pero creo que hay fuerzas dentro del partido que se lo impiden. La dictadura es del partido que es capaz de detener al gobierno.