La decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH) en Caracas afecta a las víctimas de violaciones a los DDHH en el país y podría contribuir al “cierre” del espacio cívico, coinciden defensores de derechos fundamentales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, denunció el jueves que la oficina del ACNUDH ha tenido una posición “sesgada”, la acusó de convertirse en el "bufete particular de los grupos golpistas y terroristas" que confabulan contra el país" y anunció que en los próximos 30 días se revisarán los términos de la cooperación técnica.
Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y co director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en el país, estima que una de las principales repercusiones de la suspensión de actividades de esa instancia es que los ciudadanos quedan en situación de indefensión.
“Era un órgano internacional al cual podían acudir estando aquí en Venezuela para denunciar violaciones de DDHH. Esto va a dejar en indefensión tanto a quienes quieren hacer denuncias de nuevas violaciones a los DDHH y a quienes ya habían presentados sus casos”, afirma consultado por VOA.
“A partir de ahora la orfandad de los ciudadanos es mucho mayor y las perspectivas de los derechos humanos en el país son muy ominosas”, opina.
También lea Relator de la ONU alerta que en Venezuela todavía hay hambre y desnutriciónPara Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, una organización que denuncia violaciones de DDHH cometidas en el país ante el Sistema Interamericano, a pesar de los matices de algunos informes presentados por el ACNUDH, en medio de las limitantes impuestas por el Estado, la labor de la misión fue positiva.
“Al no tener a la misión los defensores nos encontramos más en riesgo, mucho más preocupados por el impacto que puede tener en nuestro trabajo, nuestra seguridad personal. La presencia de la misión para bien o para mal era importante”, manifestó Monsalve a VOA.
Los abogados coinciden en que la oficina ha jugado un rol importante para las víctimas ante la falta de asistencia integral, independiente e imparcial de organismos como la Defensoría del Pueblo.
“Tenemos que acudir a otras instancias de manera supletoria para tratar de generar acceso a la justicia, verdad o incluso una reparación”, explica Monsalve.
El gobierno venezolano y la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, firmaron el año pasado un memorando de entendimiento para concretar la instalación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en Caracas. Ahora, tras la suspensión de las actividades de la oficina del ACNUDH, se desconoce si habrá repercusiones.
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Ezequiel Monsalve
“Esa oficina iba a trabajar en estrecha colaboración con Naciones Unidas. No sabemos si tendrá repercusiones en la instalación de la oficina, las consecuencias son delicadas y van más allá de la presencia o no de 13 funcionarios en el país”, apunta Daniels.
A finales del 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que extendió por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que ha determinado que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que es desconocida por el Estado venezolano.
Activistas consideran que, especialmente ante la situación con la oficina del ACNUDH, el mandato de la FFM, que vence en septiembre de este año, debería prorrogarse.
“Rechazamos la suspensión de las actividades de la @UNHumanRights. Su presencia en el país es fundamental. Los gobiernos de la región deben exigir su permanencia y apoyar la renovación de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ante esta nueva ola represiva”, alertó el jueves Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Right Watch.
Bajo perfil
Los defensores de DDHH también concuerdan en que el trabajo de la oficina se llevó a cabo con un “bajo perfil” y de manera considerablemente “diplomática”.
“En muy pocas ocasiones ha hecho pronunciamiento. Una de las pocas en la que lo hicieron fue en el caso de Rocío San Miguel. Pedían que se supiera dónde estaba y que se respetaran sus derechos”, dijo Daniels.
La decisión del gobierno ocurrió después de que la oficina del ACNUDH, Volker Turk, dijo el lunes que, debido a que su paradero era desconocido, la detención de la activista de DDHH, Rocío San Miguel, imputada por terrorismo, entre otros cargos, por presuntamente conspirar contra el gobierno venezolano, podría calificar como desaparición forzada.
También lea Fiscal de Venezuela rechaza denuncias sobre desaparición forzada de activista de DDHHEl fiscal general, Tarek William Saab, negó que estuviera en situación de desaparición forzada y denunció una “feroz” campaña contra el sistema judicial del país.
La oficina del ACNUDH, que ha estado en el país desde el 2019, entre otras funciones ha llevado a cabo labores de asistencia técnica, monitoreo y apoyo para la implementación efectiva de recomendaciones emitidas en informes, según lo establecido en resoluciones del Consejo de DDHH de la ONU.
La decisión del gobierno de Venezuela ocurre en medio de consultas por parte de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista de un proyecto de ley que según representantes de la sociedad civil busca “aniquilar” la autonomía de las ONG.
En enero del año pasado, la AN aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que según diputados oficialistas no pretende acabar con el derecho de asociación ni con su actuación, sino garantizar la transparencia y rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento extranjero.
Su aprobación ha sido cuestionada por representantes de al menos 400 organizaciones que advirtieron que se dio por “vía exprés” e irrespetando procedimientos para la formación de leyes. Además, han advertido que busca “ilegalizarlas” y “suprimir” el derecho de asociación tal y como ha ocurrido en Nicaragua.
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