Imer todavía tiene fragmentos de una bala en la espalda. El inmigrante mexicano de 43 años, que pidió ser identificado solo por su nombre, huyó del estado mexicano de Guerrero hace más de 20 años después de que una banda de narcotraficantes le disparara en la espalda.
Ingresó ilegalmente a EE.UU. en 1998 y se estableció en Norristown, Pennsylvania, donde se ganaba la vida trabajando en la construcción. Hace dos meses fue arrestado y puesto en detención en la prisión del condado de York, en el centro sur de Pensilvania.
"Nunca he cometido un crimen, ni siquiera una multa de tránsito", dijo, mientras se atragantaba con lágrimas. "Ahora, no sé qué le va a pasar a mi familia si soy deportado", dijo Imer, quien tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos.
Fernanda Castillo y Mary Studzinski de PIRC llegan a la Prisión del Condado York para una clase del Programa de orientación legal.
Recientemente, él estaba entre una docena de inmigrantes indocumentados detenidos, todos de América Latina y vestidos con overoles anaranjados de la prisión, sentados en una larga mesa en una pequeña habitación dentro del centro de detención escuchando una presentación en español sobre sus opciones legales.
Fernanda Castillo, miembro del personal de Pennsylvania Immigration Resources, o PIRC, explicó los recursos legales que tenían.
"Nuestro objetivo principal es hacerles saber cuáles son sus derechos, qué esperar en la corte de inmigración", dijo Castillo más tarde a VOA. "Hablaremos de un par de defensas para ver si son elegibles para algo y también hablaremos de bonos y salida voluntaria".
La clase de orientación de PIRC está financiada indirectamente por el Departamento de Justicia de EE.UU. en virtud del Programa de Orientación Legal (LOP).
Creado en 2003 bajo el gobierno de George W. Bush, la LOP tiene como objetivo brindar a los inmigrantes detenidos una cierta comprensión de sus derechos y posibles desagravios según la ley de inmigración de EE.UU.
Administrado por el Vera Institute of Justice, el programa de 8 millones de dólares anuales lo llevan a cabo PIRC y otras 17 organizaciones sin fines de lucro en más de 30 centros de detención desde California hasta Virginia.
Fernanda Castillo, una asistente jurídica del Centro de Recursos de Inmigración de Pennsylvania, es una de las personas que realiza las clases de orientación para detenidos.
Programa de orientación legal
La clase de orientación dura aproximadamente una hora. En ella, Castillo explicó a los detenidos lo que podrían esperar al comparecer ante un juez de inmigración de EE. UU.
La mayoría quería saber cómo obtener la fianza."¿Soy elegible para el bono? Qué tan bajo es el bono, qué tan alto es el bono ", dijo Castillo.
"También recibimos muchas preguntas de salida voluntaria, mucha gente no sabrá la diferencia entre una salida voluntaria y una orden de expulsión, lo que puede ser una decisión terrible".
La partida voluntaria significa que alguien puede regresar legalmente algún día, aunque por lo general años después. Con la expulsión, no hay posibilidad, como explicó Castillo a la clase.
PIRC recibe $ 200,000 al año por las sesiones de información y talleres individuales que lleva a cabo en la prisión del condado de York.
Mary Studzinski, directora ejecutiva del Centro de Inmigración de Pennsylvania.
La directora ejecutiva de PIRC, Mary Studzinski, dice que las sesiones tienen un impacto directo en el proceso de la corte de inmigración, y que ahora trabajan bajo un atraso de más de 700,000 casos.
"Le permite a alguien cuando termina con esa clase tener una mejor idea de si tiene alguna esperanza de quedarse, y si lo hace, lo que podría ser una vía que podría seguir", dijo Studzinski a VOA en su oficina, a menos de 2 kilómetros de la prisión.
"Si sabe que no tiene remedio según la ley y no hay forma de que pueda quedarse, entonces probablemente su mejor respuesta es que diga 'no, su señoría, me gustaría irme'. (LOP) tiene un impacto en los tribunales; hace que los tribunales sean más eficientes ", dijo.
Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos.
Este tipo de impacto le ahorra al Tesoro de EE.UU. casi $ 18 millones al año, según un estudio gubernamental del 2012 del LOP, que incluyó datos y otra información del Instituto Vera. Una nota del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE. UU. aprobó el año pasado el LOP, diciendo que los detenidos informados completan sus casos más rápido.
Sin embargo, el Fiscal General de EE.UU., Jeff Sessions, ha expresado su preocupación sobre el programa. A principios de este año, suspendió los fondos pendientes de una revisión. Pero respondiendo a la presión del Congreso, dijo a un panel del Senado el mes pasado que los fondos continuarían mientras se evalúa el LOP.
El trabajo del juez
Un vocero del Departamento de Justicia luego le dijo a la VOA que es hora de una nueva revisión.
"Creemos que las revisiones deben hacerse con mayor frecuencia", dijo el vocero. "Hay una pregunta sobre la metodología (del Instituto Vera), y también sostenemos que hay una gran superposición entre lo que hace el LOP y lo que hacen los jueces de inmigración. Ellos (el LOP) explican los derechos de los detenidos, pero esto también lo hacen los jueces de inmigración ".
Pero Studzinsk,i de PIRC, dice que no hay comparación. Si bien algunos jueces son más minuciosos que otros, "lo he visto hecho en menos de cinco minutos y ciertamente no demoran una hora". ... Entonces, si me preguntas si el consejo de un juez es lo mismo que una orientación legal, diría que no. Creo que las asesorías son importantes, sí, deben permanecer en su lugar, pero de ninguna manera son un sustituto del Programa de Orientación Legal ".
Studzinski agrega que PIRC este año está en camino de orientar a 2.600 detenidos, una cifra mucho más alta que hace dos años.
Sede de PIRC en York, Pennsylvania, está a menos de 2 kilómetros de la Prisión del Condado York.
"El aumento que estamos viendo es de personas que son arrestadas en la comunidad, que en la administración anterior nunca hubieran sido detenidas", dijo Studzinski.
"Estas son personas que han estado en la comunidad durante 10, 15 o 20 años, que no han violado ninguna ley después de ingresar".Como Imer, quien espera solicitar asilo.
Durante la reciente clase de orientación de PIRC, Imer dijo que había pagado a un abogado $ 3,000 pero que no había tenido noticias suyas en los dos meses que estuvo en la cárcel.
PIRC luego descubrió que el "abogado" era simplemente un notario. La organización ahora está trabajando para ayudar a Imer a encontrar representación legal.
Bill Rogers, VOA