Que México disponga estos días de un mayor número de militares para contener los flujos migratorios que intentan cruzar el país procedentes de Centroamérica, muy superior a los oficiales destinados a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, es una evidencia de su papel de “gran muro militar” en la contención de los migrantes, denuncian activistas.
La situación crítica la plantearon Brenda Ochoa, directora de Fray Matías, Centro de Derechos Humanos en Córdova, Gabriel Romero, religioso que dirige el albergue Migrantes La 72; y José Luis González, coordinador de Red Migratoria Jesuita en Guatemala, en un foro virtual de la Oficina de Washington para Asuntos Latinos.
Ochoa enfatizó que la política mexicana de “tender un muro militar en la frontera conduce a los migrantes a asumir mayores riesgos”, los cuales el religioso Gabriel Romero trazó en nuevo mapa de caminos cada vez más peligrosos que conducen por el altiplano guatemalteco o cruzando la selva del Petén, territorios controlados por grupos de crimen organizado.
“Si en Tapachula es una operación digamos ordenada para los pasos, en Tenosique impera la delincuencia y el cobro de dinero para las personas”, dice Romero. Al comparar dos pasos fronterizos de Guatemala con México, uno en el sur, Chiapas, y otro en el norte, Tabasco.
También Gabriel Romero reconoce que el número de adolescentes no acompañados que llegan por ese cruce va en aumento y lo han reportado al gobierno federal, porque el albergue no está preparado para recibir niños, al tratarse de un trabajo especializado y normado por la ley.
Menos aún –dijo- para atender a enfermos, pues las observaciones sobre el terreno les dejan ver que son muchas las personas con serias discapacidades físicas -como no videntes, autistas y hasta con parálisis cerebral- que llegan al albergue para pedir asistencia. “Y nosotros no somos un hospital, así que no tenemos cómo atenderles”, matizó.
También lea México, Honduras y Guatemala emplazan más tropas en sus fronterasEn el fondo, agrega José Luis González de la red jesuita, está “la desigualdad y la pobreza que empuja a estos migrantes”; la presión para contenerles solo seguirá moviendo el fenómeno a caminos cada más peligrosos, enfatiza.
González señaló la corrupción en el Triángulo Norte y México es una triada que incluye a funcionarios públicos, militares y gente de negocios que complican el panorama; mencionó por ejemplo el caso de los scanner en las carreteras de México, donde actualmente se puede ver cuantos migrantes transitan escondidos en compartimentos de un furgón.
“Los dejan pasar, pero ahí los cuentan y más adelante hay una parada donde deben pagar 100 dólares por cada migrantes escondido”, dijo para señalar la situación y que el dinero disponible por cada viajero para hacer la travesía, también cuenta para lograr el objetivo de pasar.
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