El Juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, quien denunció una venganza en su contra por fallos contra la corrupción y delitos de lesa humanidad, pidió el martes a la Corte de Constitucionalidad que lo amparé y así frenar el trámite de retiro de inmunidad iniciado por la Corte Suprema de Justicia por considerar que es “espurio”.
El juez aseguró que la Corte Suprema designó a una juez para investigarlo por una denuncia en la que según él no se aportó evidencias y que incluye tres casos -de cinco— que él no conoció.
El abogado del juez Herbert Pérez dijo que el recurso de amparo se presentó porque “es evidente que la querella y la solicitud de antejuicio se encuentra motivado por razones espurias, al apartarse los hechos de la verdad y a la vez ilegítimas, por ser promovida por una Fundación que ni siquiera es parte en ningún proceso indicado en su querella”.
El juez fue denunciado por Ricardo Rafael Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), un activista de ultraderecha sancionado en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron actos de violencia, acoso e intimidación a investigadores de casos de corrupción.
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Méndez acusa al juez de tardanza en aplicación de prisión preventiva a acusados de delitos y utilizó el caso Cooptación del Estado para señalar que se habría excedido en los plazos de prisión a dos procesados. El activista no es parte de ese proceso y además acompañó como prueba a la denuncia un informe de una organización que evaluó la gestión de varios juzgados entre ellos el de Gálvez.
En el caso Cooptación del Estado está acusado el expresidente Otto Pérez Molina y varios exfuncionarios de su gabinete de gobierno por presuntamente integrar una estructura que tenía cooptadas instituciones del gobierno con las que supuestamente se adjudicaban obras públicas y se obtenían sobornos que luego lavaban para financiar a su partido político.
El abogado dijo que la resolución de la Corte Suprema de tramitar la denuncia viola derechos básicos del juez, como la seguridad jurídica, debido proceso, principio de legalidad y de preeminencia del derecho internacional, “pero principalmente la garantía de la independencia judicial”. Agregó que han pedido que se detenga el trámite iniciado.
El juez Gálvez sentó en el banquillo de los acusados al exdictador José Efraín Ríos Montt, quien fue llevado a juicio por genocidio por la muerte de 1.771 indígenas ixiles durante el conflicto armado interno en el país, entre 1960 y 1996, y después se le sentenció a 80 años de prisión. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio. El exdictador murió en 2018 sin ser juzgado.
El juez ha enviado a juicio a funcionarios condenados por corrupción, militares, policías y particulares acusados de crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves como asesinatos, violaciones y narcotráfico.
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