Un juez federal de Florida bloqueó el jueves un programa de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitía liberar bajo libertad condicional (parole) a inmigrantes irregulares detenidos tras cruzar la frontera, mientras esperaban el procesamiento de sus casos.
El DHS liberaba bajo parole a los inmigrantes y les permitía permanecer en Estados Unidos con la condición de presentarse ante las autoridades migratorias en 60 días. La resolución del juez federal T. Kent Wetherell, en Florida, falló contra esa práctica, la cual dijo es similar a una que bloqueó en marzo pasado.
La liberación de migrantes sin órdenes judiciales pero con instrucciones de reportarse en una oficina de inmigración en 60 días se generalizó en 2021. El trabajo de procesamiento de los migrantes era dirigido así a las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo cual generó demoras adicionales.
El juez Wetherell ordenó en marzo el fin de la práctica. La administración Biden ya la había detenido de todos modos y optó por no apelar el fallo, pero reactivó la política la semana pasada, calificándola de respuesta de emergencia ante el fin del Título 42.
Bajo el Título 42, a los migrantes se les negaba la entrada por razones de salud pública para prevenir la propagación de COVID-19. El Título 42 expiró el jueves pasado, y la administración Biden lanzó una política para negar asilo a personas que viajan a través de otros países, como México, a EEUU, con pocas excepciones.
El gobierno de Biden planeaba solicitar este lunes a un tribunal de apelaciones permiso para liberar a los migrantes sin órdenes de comparecer ante la corte. Las autoridades dicen que lleva entre 90 minutos y dos horas procesar a un inmigrante para la corte, lo que podría atascar las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza, y más tiempo para procesar a las familias. Por el contrario, solo lleva 20 minutos liberar a alguien con instrucciones de presentarse en una oficina de inmigración en 60 días, una práctica común desde 2021 para aliviar el hacinamiento en la frontera.
El Departamento de Justicia incluso planteó la posibilidad de negarse a detener a las personas si no puede liberar a los migrantes rápidamente, calificándolo como el "peor de los casos".
El Departamento de Justicia solicitó una suspensión del fallo del juez, para lo que se programó una audiencia para revisar la medida que tendrá lugar el viernes 19 de mayo.
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El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el domingo a CNN que el fallo judicial resultaba “muy dañino” para los planes en la frontera y que la administración está considerando otras opciones.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, criticó duramente el viernes el fallo judicial y lo calificó de "sabotaje".
Ahley Moody, la procuradora general de Florida, quien interpuso la demanda que llevó al fallo del juez Wetherell, dijo en Twitter tras las declaraciones de Jean-Pierre: "¿Piensa la Casa Blanca que seguir la ley federal y asegurar la frontera de nuestra nación es 'sabotaje'? ¿Cómo es este tipo nuestro presidente?".
El DHS y la Patrulla fronteriza reportaron durante el primer día de culminado el Título 42 que unos 6.300 migrantes se entregaron a la Patrulla Fronteriza, y otros 4.200 lo hicieron el sábado.
Para las autoridades migratorias las cifras son estables si se comparan con los 10.000 detenidos la semana pasada en la antesala del fin de Títuto 42 y la entrada en vigencias de las nuevas políticas migratorias con las que se levanta cargos a quien llegue a la frontera sin haber hecho la petición de asilo antes de abandonar su país y tener un cupo de los 1.000 diarios.
Mayorkas dijo el domingo que todavía era "temprano" para medir el impacto real de las políticas de la administración Biden sobre la frontera en esta etapa de transición después de culminar el Título 42.
Con reporte de The Associated Press
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