Este martes en la tarde se reanuda la audiencia de juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López y su defensa espera que la jueza del caso, Susana Barreiros, se pronuncie sobre la reciente resolución de la Organización de Naciones Unidas y acuerde su libertad plena.
La defensa de López introdujo el jueves pasado la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y este martes, cuando vence el lapso previsto para que la jueza se pronuncie, coincide con la reanudación de la jornada de juicio.
Anteriormente, su defensor Juan Carlos Gutiérrez dijo a la Voz de América que cuando se “configura una detención arbitraria en un caso, como lo ha hecho el Comité de la ONU, el juez que conozca la causa debe hacer cesar esa detención, porque si no también es responsable de violar las leyes internacionales”.
Aunque se supone que en el Estado venezolano existe independencia entre los cinco poderes que lo integran, Rafael Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, calificó como una injerencia la postura de la instancia de la ONU con relación a la detención de López que calificó como “arbitraria”.
“Así como le dijimos al Departamento de Estado que no se inmiscuya en nuestros asuntos, se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución'', sentenció.
Desde que inició el juicio en julio pasado, la defensa de López no ha podido presentar pruebas en defensa del líder opositor venezolano.
El líder del partido Voluntad Popular es, según Gutiérrez, un preso político, señalando que está privado de libertad por expresar sus ideas políticas y promover lo que él llamo “la salida” del gobierno del presidente Nicolás Maduro por las vías constitucionalmente establecidas.
Una reciente encuesta difundida por el Instituto de Análisis de Datos (IVAD), una de las firmas más respetadas de sondeos de opinión en Venezuela, refleja que el 57,8% no cree que “Leopoldo López es un golpista que tiene una agenda oculta para tumbar al gobierno”, como sostiene el gobierno de Maduro.
A López se le acusó de los delitos de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos que se produjeron al término de una marcha que él convocó el 12 de febrero, que dejó un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos.