Los equipos de limpieza pasaron todo el lunes tratando de recuperar lo que quedó en pie en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, mientras que aún se desconoce el alcance total de los daños que causaron las turbas de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que atacaron y saquearon las instalaciones en la capital de Brasil.
Bajo intervención federal, el ejército actuó para detener a los invasores que aún permanecían en la ciudad, muchos de ellos acampados allí desde que Bolsonaro perdió la reelección a fines del año pasado.
La caballería llegó el lunes temprano y desbandó los campamentos sin encontrar resistencia, mientras más de 1.200 simpatizantes de Bolsonaro fueron detenidos por la Policía Federal.
Para el analista Rodrigo Prando, aún con las detenciones existe el temor de que en las próximas semanas sucedan nuevos intentos para desestabilizar la democracia.
“Fue un evento orquestado contra el estado de derecho brasileño. Además del tema material, hay un ataque simbólico a la democracia. Hay una gravedad y temor de que este movimiento se replique en otros estados. El gobierno deberá actuar rápido para que esto no avance”, dijo Prando.
También lea Autoridades retoman el control de las instituciones públicas en BrasilA pesar de la destrucción, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabajó normalmente en el Palacio del Planalto, en un esfuerzo por enviar un mensaje de que los violentos no iban a ganar, y durante toda la jornada del lunes se reunió con integrantes de la Corte Suprema y el Congreso.
Por la noche, Lula se reunió con los 27 gobernadores brasileños y dijo que su misión es investigar quien financió la violencia.
“Lo que quieren es un golpe de Estado y no habrá golpe de Estado. La democracia es lo más complicado de hacer porque te obliga a vivir con lo diferente. No nos daremos por vencidos hasta que descubramos quién fue el responsable de lo que sucedió en este país”, expresó el presidente.
En Fotos | Manifestantes a favor de la democracia marchan en Brasil
Hasta el momento, agencias del gobierno han identificado más de 100 empresas sospechosas de financiar actos antidemocráticos.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, declaró a la prensa que la policía ha comenzado a rastrear a quienes pagaron los autobuses que trasladaron a manifestantes a la capital.
En una conferencia de prensa, Dino señaló que aparentemente los agresores tenían el objetivo de que su protesta creara un efecto dominó en todo el país.
Agregó que ahora podrían ser acusados de distintos delitos, como delincuencia organizada, intento de golpe de Estado y abolición violenta del estado de derecho democrático.
[Con información de AP]
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