El primer año fiscal completo de la administración del presidente Donald Trump, vio un gran aumento en el número de personas arrestadas y procesadas penalmente por delitos de inmigración, como salir y volver a ingresar a los Estados Unidos ilegalmente, según datos gubernamentales publicados recientemente.
El número de arrestos penales federales por delitos de inmigración aumentó de 58.031 en el año fiscal 2017 a 108.667 en el año fiscal 2018, un aumento del 87%, reveló un informe de agosto de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS). El total de 2018 fue considerablemente más alto que en cualquier otro año fiscal en dos décadas.
Siguiendo la misma trayectoria, el número de sospechosos procesados penalmente por delitos de inmigración aumentó un 66% entre el año fiscal 2017 y 2018, de 59,797 a 99,479, también un nuevo máximo de las últimas dos décadas.
Pero estos aumentos siguen a una fuerte disminución registrada durante el segundo mandato de la administración de Obama y parecen ser en gran parte el resultado de cambios recientes en las políticas para someter a más personas que cruzan la frontera a sanciones penales en lugar de civiles.
El creciente énfasis en el enjuiciamiento penal
Según la ley federal, las personas que ingresan ilegalmente a EE.UU., o que cometen otras violaciones de la ley de inmigración pueden enfrentar sanciones civiles o penales.
Los asuntos de inmigración civil se escuchan en los tribunales administrativos, administrados por el Departamento de Justicia y pueden dar lugar a la deportación. Los asuntos penales de inmigración se escuchan en los tribunales federales de primera instancia y pueden resultar en encarcelamiento antes de la deportación. El poder ejecutivo tiene una amplia autoridad para decidir cómo se aplica la ley federal de inmigración.
Si bien la mayoría de los casos de inmigración se tratan como asuntos civiles o administrativos, el gobierno federal ha procesado penalmente algunos de ellos, una tendencia que se ha acelerado enormemente desde la década de 1990.
Los nuevos números de BJS subrayan que la administración Trump está enviando más casos de inmigración a los tribunales penales, donde están siendo procesados como delitos menores o mayores en lugar de ser manejados como asuntos civiles.
Pero a pesar de estos informes, la Casa Blancas emitió el viernes un comunicado en donde asegura que el presidente Trump ha generado mejores condiciones para las familias latinas en el país.
"El presidente Trump y la comunidad hispana tienen muchas cosas maravillosas para celebrar juntos, incluida la tasa récord de desempleo hispano del 4.2%, la tasa de pobreza más baja para los hispanos registrados y el ingreso medio entre los hogares hispanos que alcanzan un máximo histórico de $ 50,000 al año".
Trump, ha insistido en varias de ocasiones que él ama a la comunidad hispana, y que datos como el publicado por la Casa Blanca, comprueban su trabajo por ellos, pero a su vez, ha endurecido las leyes quienes entran por la frontera Sur.
En abril de 2017, el entonces fiscal general Jeff Sessions ordenó a los fiscales federales que priorizaran el enjuiciamiento penal de los delitos de inmigración en un esfuerzo por disuadir la inmigración ilegal.
Un año después, con el aumento de los cruces de migrantes, Sessions anunció una "política de tolerancia cero" que instó a los fiscales federales a acusar penalmente a todos los migrantes atrapados que ingresan al país sin autorización.
Estos y otros cambios en las políticas, en lugar de un aumento en las detenciones de migrantes en la frontera, parecen ser el factor impulsor del reciente aumento en los casos de inmigración criminal.
El aumento de los arrestos y enjuiciamientos penales se produjo en medio de una presión severa en los tribunales de inmigración civil de la nación, que a partir de agosto se enfrentaron a una acumulación de más de un millón de casos, según Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de datos de la Universidad de Syracuse.
El Departamento de Justicia ha aumentado el número de jueces que presiden estos tribunales y ha tomado otras medidas destinadas a reducir el atraso de los tribunales civiles, incluso cuando ha procesado penalmente más casos de inmigración.