Uno de los principales acusados de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el sur México fue liberado en la primera sentencia absolutoria sobre un crimen que conmocionó a México y el mundo.
Según explicó el martes a The Associated Press Santiago Aguirre, director del Centro Prodh y abogado de las familias de las víctimas, el juez decretó la “absolución por insuficiencia probatoria” de Gilberto López Astudillo, que fue liberado el sábado.
“Judicialmente el caso (Ayotzinapa) ya se cayó”, se lamentó Aguirre. “Es un golpe muy duro, muy malas noticias para las familias”.
El abogado explicó que la decisión del juez se debió al “desaseo, las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades de la investigación” del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
No obstante, también denunció que “la nueva fiscalía no hizo nada para corregir esas deficiencias” aun cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador instauró en enero una Comisión de la Verdad para aclarar las desapariciones.
“Es indispensable que se actúe con más firmeza y prontitud, con mayor coordinación y con más respaldo de todas las instituciones a la labor de la Comisión”, afirmó el Centro Prodh junto a otros colectivos en un breve comunicado el martes por la tarde.
López Astudillo, apodado “El Gil”, era considerado integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. La antigua fiscalía llegó a decir que fue quien dio la orden de desaparecer a los estudiantes porque los confundió con integrantes de un grupo criminal rival.
Los jóvenes fueron secuestrados en la localidad de Iguala por policías que luego los entregaron a miembros del crimen organizado y, según la versión de la anterior administración, fueron ellos quienes los quemaron en un basurero cercano. Sin embargo, expertos independientes aseguraron que no hay pruebas que acrediten esa tesis y todavía está en investigación la posible vinculación con los hechos de fuerzas federales y otras autoridades.
Diversas instituciones -desde oficinas de la ONU y la Organización de los Estados Americanos a la Comisión Nacional de Derechos humanos- se han pronunciado sobre los errores, inconsistencias, obstrucción a la justicia y violaciones a los derechos humanos de la investigación oficial realizada durante el gobierno de Peña Nieto y que incluyó reiterados actos de tortura de varios de los detenidos. López Astudillo era uno de ellos.
Además, la justicia mexicana determinó en junio de 2018 que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República” y ordenó reponerla.
La antigua Procuraduría General de la República nunca acusó a nadie por la desaparición forzada -aunque numerosos policías fueron detenidos- ni tampoco por homicidio, aunque su tesis fue siempre que los jóvenes fueron calcinados.
Las autoridades detuvieron a más de 120 personas, muchas por presunta pertenencia a Guerreros Unidos, pero sólo casi la mitad siguen en prisión porque en el resto de los casos prosperaron los amparos interpuestos. Según Aguirre, entre los liberados están las seis personas a quienes la fiscalía acusaba de ser los autores materiales de los hechos.
Dos de los que siguen en la cárcel son el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes también están pendientes de que se resuelvan sus amparos, que podrían prosperar dada la cantidad de irregularidades ya acreditadas.
En el caso de López Astudillo el juez descartó más de 60 pruebas por considerarlas ilícitas -entre otras cosas porque se lograron mediante tortura-, agregó el abogado Aguirre. A las más de 40 restantes no las consideró suficientes para condenarlo por secuestro.
La puesta en marcha de la Comisión para la Verdad alentó a los padres de los desaparecidos pero hasta el momento no ha habido resultados concretos y sigue sin conocerse el paradero de los jóvenes.
Aunque Aguirre celebró el trabajo que está realizando la Comisión, dijo que si la actual fiscalía “no está en sintonía para apoyar ese trabajo” otras personas que tienen información sobre los eventos pueden quedar también en libertad y complicar la resolución del caso.
Entre los padres de los desaparecidos, la liberación de “El Gil” fue una mala noticia, dijo Felipe de la Cruz, su vocero, en declaraciones a Milenio TV. “Es lamentable que personas tengan que salir en libertad por negligencia”.