Oenegés piden precisión sobre alcance y funciones de la oficina de fiscalía CPI en Venezuela

La instalación y funciones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sigue generando polémica en Venezuela.

Defensores de derechos humanos coinciden en que es necesario no especular sobre cuáles serán las actividades del ente en territorio venezolano. De hecho, muchos consideran prudente guiarse por las declaraciones del fiscal Karim Khan, quien, durante su más reciente visita a Venezuela, insistió en que la intención es prestar asistencia técnica a la nación suramericana.

Durante un foro orientado a analizar el impacto de la fiscalía de la CPI, Sara Fernández, abogada e integrante del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), una organización que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, subrayó que, hasta el momento, esa instancia parece ser un “foco permanente” para la aplicación del principio de complementariedad positiva del Estatuto de Roma.

“Todo está enmarcado a la asistencia técnica a las autoridades y yo creo que esto es importante aclararlo para no generar expectativas de que la oficina es una oficina de investigación, que la investigación va a recabar pruebas por sí misma de la sociedad civil o de víctimas, que va a haber reunión con testigos”, expuso.

Sin embargo, sostiene que la instalación de la oficina es positiva si se logran cambios fundamentales en la estructura del poder judicial y el acceso de las víctimas a la justicia.

“Recordemos que el impacto que va a tener la CPI en el contexto mucho más general de la situación en Venezuela es reducido en el sentido no solamente de los tiempos que toma la justicia internacional, pero también de los casos que puede llegar a conocer que sin duda son pocos en comparación con la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país”, dijo.

Fernández advirtió también que hasta el momento no conocen cuáles son los parámetros de la apertura de la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el Estado venezolano.

“Si finalmente se abrió la investigación por hechos desde el 2014 o solo desde el 2017 (…) no hemos tenido ninguna comunicación oficial, al menos desde sociedad civil por parte de la fiscalía (…) si ni siquiera sabemos cuáles son los parámetros de la apertura de la investigación, se nos dificulta muchísimo representar adecuadamente a las víctimas”, añadió.

En un comunicado divulgado la semana pasada, un grupo de organizaciones insistió en la necesidad de que la fiscalía de la CPI “precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad”, trabaje con todos los actores claves y pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguridad con las víctimas, sus familiares, representantes, así como con la sociedad civil.

Las organizaciones también expresaron “profunda” preocupación sobre la forma en que la fiscalía de la CPI “vislumbra su trabajo” con el actual sistema judicial venezolano.

“Parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente, y con voluntad genuina investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos”, puntualizó el texto.

Las oenegés consideran que, a pesar de las reformas iniciadas por el Estado, “el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos”.

Recientemente, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y, según explicaron, incrementar los derechos del ciudadano común.

A principios de este mes, en declaraciones conjuntas con el presidente Nicolás Maduro durante una visita oficial que se hizo pública al término de la misma, Khan anunció que acordó con el Estado venezolano abrir una oficina de la fiscalía en Venezuela.

Venezuela: Impacto oficina fiscalía CPI

En noviembre del año pasado, la fiscalía de la CPI ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

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