El gobierno salvadoreño adjudica los recientes logros migratorios a la estrecha relación con Estados Unidos. Pero hay voces disonantes que atribuyen estos resultados al litigio judicial que protege a las personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) de ser repatriados.
Para Rubén Zamora, exembajador de El Salvador en Estados Unidos, la extensión de los permisos de trabajo para los salvadoreños amparados por el TPS no es un logro del gobierno del presidente Nayib Bukele, sino un resultado del proceso judicial que obliga a la administración Trump a no deportar a los beneficiados por este programa.
"Lo que el embajador norteamericano ha dicho, que esto es en reconocimiento al buen trabajo del Presidente Bukele, no es cierto".
Y agrega que "mientras no haya un sentencia del juez de la cámara que está viendo el caso, los TPS no pueden ser tocados".
Según el asesor migratorio Reynaldo Alvergue, aún están pendientes los procesos técnicos y los costos para renovar los permisos.
"Ahora el problema es de los técnicos, porque no han dicho todavía cómo uno va a hacer para obtener ese permiso por 12 meses más. Acuérdese que allá un permiso de trabajo cuesta $410 dólares, mas $86 de huellas, estamos hablando de casi $495 por persona".
Por su parte, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, no le presta atención a las opiniones y dice que lo importante es que se hayan dado los permisos. Y señaló: "llámese como se llame, lo quieran criticar o no, lo importante es que estas familias van a poder dormir tranquilas", dijo el mandatario en una conferencia de prensa.
Según el Presidente Bukele, los salvadoreños amparados por el TPS trabajarán en suelo estadounidense hasta el 4 de enero del 2021; adicionalmente tendrán otros 365 días luego de la sentencia que emita la Corte Federal.
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