El magnate petrolero ruso Mijail Jodorkovski tendrá que permanecer en la cárcel siete años más, tras ser declarado culpable por un tribunal en Moscú del robo de millones de toneladas de crudo y del lavado de 23 mil 500 millones de dólares.
Jodorkovski y su socio Platon Lebedev fueron sentenciados a pasar un total de 14 años en la cárcel. Ambos guardan prisión desde el 2003, cuando fueron condenados a ocho años de privación de libertad por evasión fiscal y estafa.
Los dos se declararon inocentes y aducen que el proceso judicial en su contra tuvo motivaciones políticas, en base al propósito de liquidar la petrolera privada Yukos, de la que Jodorkovski fue fundador, y dar legitimidad a la venta de sus activos a la firma estatal Rosneft.
En un comunicado leído por uno de sus abogados a la salida del tribunal, el ex magnate, que llegó a ser el hombre más acaudalado de Rusia, declaró que "nuestro ejemplo demuestra que en Rusia no hay esperanza de protección contra los burócratas".
El abogado calificó la condena de "ilegal" y dijo que había sido resultado de presiones ejercidas por el primer ministro, Vladimir Putin, quien hace pocos días declaró con relación al juicio que "todo ladrón debe ir a la cárcel".
La antigua disidente soviética Liudmila Alexeeva calificó la condena de "cruel y vergonzosa” y dijo que “demuestra la ausencia de independencia de los tribunales en Rusia”.
En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo que EE.UU. sigue preocupado “por las acusaciones de serias violaciones en el debido proceso y por lo que parece ser un uso abusivo del sistema legal para fines incorrectos".
La decisión judicial provocó reacciones inmediatas en varios países europeos, entre ellos Alemania, donde la canciller, Angela Merkel, dijo que “contradice las intenciones expresadas a menudo por Rusia de progresar hacia un Estado de derecho".
El presidente del Parlamento Europeo, el polaco Jerzy Buzek, también manifestó malestar al enterarse del fallo.
"Estoy muy decepcionado. Los juicios a Mijail Jodorkovski fueron la prueba de fuego de cómo el Estado de derecho y los derechos humanos son tratados en la Rusia de hoy", dijo en un comunicado.
En París, una vocera de la cancillería francesa pidió a las autoridades rusas que "tuvieran plenamente en cuenta las preocupaciones" que este juicio ha suscitado.
Sectores de la oposición rusa alegan que el proceso judicial estuvo directamente orquestado por el gobierno para acabar con un hombre demasiado independiente, y que antes del 2003 no vacilaba en contradecir y enfrentarse al entonces presidente ruso, Vladimir Putin.