La política de “cero tolerancia” para cualquiera que ingrese a Estados Unidos ilegalmente podría provocar que las familias se separen mientras los padres son enjuiciados, advirtió el lunes el secretario de Justicia Jeff Sessions.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que referirá todos los arrestos por ingreso ilegal a los fiscales federales, de conformidad con la política que Sessions anunció el mes pasado para aumentar el número de procesos judiciales contra personas con pocos o ningún delito previo. Una declaración de culpabilidad por ingreso ilegal conlleva una pena máxima de seis meses bajo custodia para los que crucen por primera vez, aunque usualmente están detenidos mucho menos tiempo, y de dos años para los reincidentes.
“Si usted cruza la frontera ilegalmente, entonces nosotros actuaremos judicialmente en su contra. Así de simple”, dijo Sessions a reporteros en una meseta con vista al Océano Pacífico, donde una barrera fronteriza que separa a San Diego de la ciudad mexicana de Tijuana se extiende hasta el mar.
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Sessions anuncia política de 'cero tolerancia' en la frontera con México
Casi uno de cada cuatro arrestos efectuados por la Patrulla Fronteriza en la frontera con México de octubre a abril fue de alguien que venía en una familia, lo que significa que cualquier incremento fuerte en los procesos judiciales probablemente provocará que los padres queden separados de sus hijos mientras enfrentan cargos y pasan algún tiempo en la cárcel.
Los niños que sean separados de sus padres serán puestos bajo supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo Sessions. La Oficina de Reubicación de Refugiados de la dependencia envía a los niños que viajan solos con familiares y también los coloca en albergues.
Thomas Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, dijo que no hay una “política general” de separar familias como forma de desanimar a otros para que no intenten ingresar ilegalmente, una declaración similar a los comentarios recientes de Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional. Pero él dijo que desde hace tiempo las autoridades de inmigración separan familias si tienen razones para dudar acerca del parentesco, o si un padre es enjuiciado.
“Toda agencia policial en este país separa a los padres de los hijos cuando son arrestados por un delito”, dijo Homan, acompañado por Sessions. “No hay una política nueva. Esta siempre ha sido la política. Ahora verán más acciones judiciales debido al compromiso del secretario de Justicia con la tolerancia cero”.
Los grupos activistas calificaron las medidas como crueles e inhumanas, en especial en los casos en que la familia trata de recibir asilo en Estados Unidos.
“El criminalizar y estigmatizar a los padres que sólo procuran proteger a sus hijos y darles una crianza segura les provocará daños incalculables a miles de familias traumatizadas que ya han dejado todo para huir de circunstancias terribles en sus países de origen”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional.
El representante Bennie Thompson, el principal demócrata en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo: “Criminalizar a los padres que buscan protección para ellos y sus hijos es inhumano, un castigo excesivo y puede interferir deliberadamente con su capacidad de buscar asilo”.
La Unión Americana de Libertades Civiles está impugnando esa práctica en un caso que involucra a una congoleña que pide asilo y que fue separada de su hija de 7 años durante cinco meses, y de una brasileña que fue separada de su hijo de 14 años tras ser arrestada y pasar casi un mes en la cárcel por ingreso ilegal.
En una audiencia en San Diego la semana pasada, una abogada del gobierno del presidente Donald Trump no disputó un reporte del The New York Times de que más de 700 niños habían sido separados de sus familias desde octubre. La abogada, Sarah Fabian, dijo que no podía decir si hubo un cambio desde que Trump asumió el puesto porque las autoridades no contaban con datos históricos.
Un fuerte incremento en los procesos judiciales generará una sobrecarga laboral en el sistema de tribunales. Sessions dijo que ha asignado 35 fiscales y 18 jueces de inmigración adicionales a las regiones fronterizas.