Cientos de beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) agrupados en la Alianza Nacional volvieron a Washington DC este lunes para hacer presión por un paquete de ajuste que les facilite un camino al a residencia permanente cuando en cortes federales siguen litigios luego de que se les cancelara la protección en 2018.
El coordinador nacional de la organización José Palma, quien llegó a Washington DC desde Boston, Massachussets, consideró en declaraciones a la Voz de América que la apuesta de impulsar una legislación que les ampare y evite que más de 319.000 trabajadores entren en listas de deportación es "una decisión política".
”Sabemos que la decisión de darnos residencia permanente es una decisión política, y todavía el Partido Demócrata puede empujar una residencia permanente para nuestra comunidad inmigrante”, comentó Palma.
En la antesala de la actividad de este lunes, la parlamentaria Elizabeth MacDonough rechazó los planes del ala demócrata de incluir en el proyecto de Ley de Presupuesto un plan para que beneficiarios de TPS y del Programa de Acción Diferida (DACA) y otros inmigrantes con posibilidades de tener acceso a la residencia permanente entraran dentro del proyecto general.
También lea Las constantes oleadas migratorias de centroamericanos impulsan la transformación de EE. UU.La noticia cayó como balde de agua fría a la organización de beneficiarios del TPS que llegaron a Washington DC para persistir en el que consideraban el tramo final de su lucha por obtener un estatus permanente.
MacDonough es una intérprete imparcial de las reglas de procedimiento del Senado, cuyo cargo no es de elección popular y llegó a la silla de la Cámara Alta en 2012 bajo la presidencia del pleno del senador demócrata Harry Reid.
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Con el escenario trastocado, los cientos de manifestante, entre ellos jóvenes hijos de beneficiarios del TPS recorrieron las calles céntricas de Washington DC para llegar a la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca y luego al pie del Capitolio de cara a la Explanada Nacional.
La joven Crista Ramos, demandante en la querella Ramos vs. Nielsen habla con la Voz de América sobre el caso por el que se mantiene vigente el TPS bajo las medidas cautelares de las cortes federales, que obligan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a emitir prórrogas automáticas mientras no exista un veredicto judicial definitivo.
Dice que las malas noticias han estado ahí desde el año 2017 cuando la administración del entonces presidente, Donald Trump, decidió cancelar el TPS a los primeros países que les iba venciendo la última reinscripción de la era Obama, pero Ramos asegura que cada paso les hace más fuerte en su lucha.
Esta joven californiana cree que cada fase les genera más fortaleza, pero también dice que a los jóvenes cuyos padres están amparados por el TPS, les impulsa a un mayor compromiso de seguir luchando al gozar ellos de plenos derechos como ciudadanos estadounidenses.
“Yo les digo a los niños de tepesianos que no se han unido a nuestra lucha que se unan porque nosotros tenemos una voz diferente, muchos de nosotros somos menores de edad y es una violación a nuestros derechos que nos quieran hacer decidir entre nuestro país y nuestras familias”, dijo Crista a la VOA.
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Los beneficios del TPS llegados desde Nebraska, Carolina del Norte, Georgia, California y ciudades de la costa este y el Área Metropolitana de Washington coinciden en que no descansarán; hoy por hoy acuñan el lema “nuestras vidas no son temporales”.
Cecilia Martínez, salvadoreña y organizadora de la Alianza Nacional TPS en Long Island, Nueva York, comentó a la Voz de América que los altibajos en los procesos judiciales que han recibido durante cuatro años de organización les han hecho más fuertes. Sin embargo, reconoce echar de menos que no se sumen más beneficiarios del TPS para impulsar la lucha.
Según un estudio presentado el 16 de septiembre por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) los datos actualizados del TPS indican que el padrón actual reúne 319.500 inscritos, la mayoría salvadoreños 198.400, seguido de hondureños con otros 60.400. Nicaragua aún tiene unos 3.200 con lo que los centroamericanos representan el 82% de todos los beneficiarios del TPS entre los 11 países designados.
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Ante el revés del domingo al plan demócrata de incluir en el plan de 3,5 billones de dólares del presupuesto una vía para los TPS, los liderazgos en ambas cámaras del legislativo federal mostraron decepción ante la decisión tomada por la parlamentaria que frenó el proceso porque violaba las reglas de procedimiento.
Los jefes en la Casa de Representantes y el Senado han dicho que intentarán encontrar otras formas para encaminar hacia el estatus legal a los “soñadores” y a los beneficiarios del TPS considerados “trabajadores esenciales del país”.
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