La Fiscalía General de Venezuela acusó a la directora y el editor del semanario Sexto Poder de "instigación al odio”, un delito tipificado en el artículo 285 del Código Penal venezolano, por publicar una portada que mostró a funcionarias del Poder Público en un montaje fotográfico como bailarinas de cabaret.
La directora del semanario, Dinorah Girón, fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El editor de Sexto Poder, Leocenis García, no fue detenido pero se emitió una orden para capturarlo.
García dijo ser el único responsable de lo que se publica en el semanario y exigió a la titular del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, que “deje la persecución" contra los trabajadores de la publicación y su familia.
Morales y otras funcionarias del Poder Público –tal como las titulares de la Fiscalía General, Luisa Ortega Díaz, y del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena- fueron retratadas en la portada del semanario como bailarinas de cabaret como parte de un artículo titulado “Las poderosas de la revolución”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió las medidas tomadas contra los periodistas como un “nuevo ataque a la libertad de prensa”, según dijo a la Voz de América Claudio Paolillo, copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo.
“La reacción es un nuevo avance del régimen del presidente Hugo Chávez contra la libertad de expresión y contra la libertad en general en Venezuela”, sostuvo.
Según Paolillo, por más que el régimen del señor Chávez manifieste que el semanario es sensacionalista, los sistemas democráticos que respetan la libertad de expresión “toleran incluso aquello que se considera deleznable”.
“La libertad de expresión existe cuando hay críticas ácidas contra los gobernantes -que incluso pueden ser de mal gusto- que son toleradas porque se sabe que son parte del ejercicio de esta libertad. En Venezuela no sólo no se tolera eso, tampoco se tolera cuando (las críticas) son de buen gusto”.
En este caso, además, Paolillo destacó que una de las denunciantes es la titular del Tribunal Supremo de Justicia, quien declaró que no va a aceptar este tipo de críticas y desea que cierren el semanario.
“Si una de las denunciantes es nada menos que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué juez puede actuar con independencia ante una denuncia en Venezuela? (…) Ella ya prejuzgó, juzgó, violando todas las garantías individuales, no sólo para la periodista sino para cualquier ciudadano de Venezuela”.
“Es otro antecedente gravísimo de algo que ocurre sistemáticamente en el país desde que Chávez pisó el acelerador del régimen autoritario que tiene a su cargo”, aseguró Paolillo.
“No es de extrañar que ocurra en un régimen que tiene un presidente que hasta el día de hoy sigue defendiendo al dictador (Moammar) Gadhafi, 42 años después de que esa dictadura existiera. Todas las personas amantes de libertad en el mundo están contentas de que se acabe el régimen de un dictador, menos aquellos como Chávez que pretenden, al igual que Gadhafi, permanecer en el poder hasta el año 2031”.