El presidente Nicolás Maduro aseguró este lunes que a partir del 1 febrero habrá un ajuste del “bono de guerra” que reciben los empleados públicos, pero no habló de un incremento del salario mínimo, que aún se mantiene en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 3,60 dólares a tasa oficial.
El denominado "bono de guerra", una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 60 dólares mensuales y el bono de alimentación (Cestaticket), con el que los trabajadores pueden comprar alimentos, se mantiene en 40 dólares.
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“He decidido dar el paso de subir de 60 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares, el ingreso mínimo integral de los trabajadores a partir del 1 de febrero”, dijo Maduro que calificó su anuncio como un “primer empuje”.
El último aumento salarial decretado por el gobierno de Maduro fue en marzo de 2022. En ese entonces, el sueldo mínimo se fijó en 130 bolívares, el equivalente a unos 30 dólares mensuales a tasa oficial. Hoy, tras la abrupta devaluación del bolívar escasamente equivale a 3,60 dólares.
De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en noviembre del 2023 la canasta alimentaria familiar alcanzó los 522,01 dólares, el equivalente a unos 140 salarios mínimos.
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De acuerdo con Maduro el año pasado cerró con un crecimiento económico de más del 5 % y atribuyó las pérdidas que, según dijo, registró el país a las sanciones de Estados Unidos.
Durante su mensaje anual a la nación, el mandatario aseguró que Venezuela tuvo “el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe” y afirmó que proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8 %.
Aunque reconoció que la inflación sigue siendo un “enemigo a derrotar”, Maduro aseveró que su gobierno logró la meta de desacelerar y controlar la inflación, consolidar el “equilibrio cambiario”, así como el crecimiento “real y tangible” de la economía y de la producción nacional petrolera y no petrolera.
“Logramos reducir la inflación en 33 puntos al compararse con el año anterior, alcanzando la cifra mensual de inflación en diciembre pasado que fue 2,4 % y puedo decir que en enero de este año indica que vamos a tener la cifra mensual más baja de más de una década y media”, dijo durante su discurso de más de cuatro horas ante la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
También lea El casco histórico de Caracas: de espacio de confrontación a atractivo turísticoPor otro lado, destacó que el año pasado el país recibió un 25 % más de turismo en relación con 2022.
“El turismo es nuestra arma secreta, porque Venezuela es una potencia en ese sentido, dada su diversidad, belleza (…) por primera vez en 10 años se supera la cifra de más de un millón de llegadas internacionales con 1.250.000 turistas, eso se había reducido a cero por las campañas en YouTube, en los medios”, manifestó.
Subrayó que, con el incremento de la producción nacional y la actividad comercial, el país registró un abastecimiento de 96,7 %.
Pérdidas por sanciones
Maduro sostuvo que, a consecuencia de las sanciones, Venezuela dejó de producir 3.993 millones de barriles de petróleo, lo que “supuso una pérdida para el país de 323.000 millones de dólares”. Además, responsabilizó a todas aquellas personas que exigieron e implementaron sanciones económicas contra su gobierno.
“Un verdadero genocidio económico se ha cometido contra Venezuela (…) las pérdidas totales de la economía nacional, sector público y privado en términos de caída del Producto Interno Bruto entre el 2015 y el 2022 fueron 642.000 millones de dólares, un genocidio, una masacre económica”, precisó.
Además, cuestionó las sanciones y “persecución” en su contra y políticos y militares venezolanos.
“La orden del Departamento de Justicia que le pone un precio irrisorio a mi cabeza como jefe de Estado y otros altos funcionarios, sigue ridículamente vigente, la amenaza, la agresión, el esquema imperial que no ha funcionado ni funcionará jamás”, insistió.
También lea Organización documentó 86 derrames petroleros en Venezuela en 2023En octubre, Estados Unidos flexibilizó sus sanciones económicas contra el sector petrolero y gasífero de Venezuela durante 6 meses como incentivo para fomentar un pacto entre oficialismo y oposición, mientras sus voceros advertían de plazos para que Caracas cumpliera con su palabra en asuntos como la liberación de presos políticos y la rehabilitación electoral de candidatos de la oposición, algo con lo que finalmente cumplió el gobierno de Maduro.
“Nuestra incansable diplomacia ha logrado hacer entender a EEUU que las sanciones también afectan la economía global y en particular la economía norteamericana y así hemos conseguido conversaciones y negociaciones que han dado algunos primeros pasos en la dirección correcta para el levantamiento de algunas licencias”, agregó Maduro, al reiterar que el objetivo es el levantamiento pleno de las medidas.
Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en octubre, EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
A finales del mes pasado el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado de Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Maduro nombró el lunes a Saab como presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela y le dio la tarea de “traer inversiones”.
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