Como “inmoral y vergonzoso” calificó el presidente de la Asamblea Nacional y diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, la declaración de Venezuela como amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.
“El presidente Obama declaró una emergencia nacional porque nosotros somos una amenaza, eso es inmoral y vergonzoso”, dijo Cabello.
Además, dijo que las sanciones son la antesala para una ataque militar estadounidense.
"Lo que viene ya está planificado y debemos decirlo: son ataques sobre nuestra tierra, sobre nuestro país (...) ataques militares. Estas resoluciones de emergencia las utiliza el imperio norteamericano cada vez que va a atacar un pueblo, para decir que se siente amenazado", señaló.
Cabello pidió a Obama la lista de los venezolanos con dinero en EE.UU. para repatriarlo al país.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, informó que llamó a consulta "inmediata" al encargado de negocios de Venezuela en EE.UU.
Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Política Exterior del Parlamento, Saúl Ortega, calificó la acción como una “amenaza” en entrevista con la Voz de América,
“Si no fuera por lo peligrosa de la declaración te diría que da risa y es hasta ridícula, pero detrás de eso lo que está es una amenaza de un imperio hambriento de nuestro petróleo, que quiere sangre, muerte y destrucción en esta parte del mundo”, dijo Ortega.
Sin embargo, la decisión es observada con cautela por analistas internacionales como Emilio Figueredo, abogado especialista en Derecho Internacional.
Planchart dijo a la Voz de América que es un paso más en el “escalamiento de tensiones” en las relaciones entre ambos países.
“Lo malo de esta decisión es que hablar de que atenta contra la seguridad del Estado es delicado, porque el próximo paso sería que [EE.UU.] determinara que [Venezuela] es un estado forajido, y eso llevaría a un escalamiento en las tensiones recíprocas que puede conducir a consecuencias más nefastas para Venezuela que lo que pueden significar para EE.UU.”, explicó Planchart.
La medida del gobierno de Obama también contempla la suspensión de visa y congelamiento de bienes en EE.UU. a 6 militares y una fiscal del Ministerio Público.