Durante un debate de casi tres horas, el gobierno interino de Venezuela y otros países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresaron este martes su preocupación y pidieron tomar más acciones para lograr solventar la crisis política, económica y social que atraviesa la nación suramericana.
En la sesión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA se discutió el informe de la Misión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), presentado este mes, que señala que las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Una de las primeras participantes fue Marta Valiñas, presidenta de la FFM, quien explicó que las violaciones registradas “dan lugar a la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”. Resaltó que entre las conclusiones está que ciertas autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos e incluso “contribuyeron a su comisión”.
El también miembro de la misión independiente Francisco Cox explicó que concluyeron que existían motivos razonables para señalar que el objetivo era “aplastar a la oposición”, con la utilización del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
Por su parte, Paul Seils, también experto de la misión independiente, se enfocó en el futuro de la misión si la resolución que permitió su creación es renovada y esbozó qué temas que les gustarían investigar y analizar más profundamente.
Seils apuntó que se trataría de la cooperación con el gobierno interino del país, de quién no recibieron respuesta; las estructuras que han incurrido en las violaciones registradas en el informe; el sistema de justicia en la nación suramericana; el cierre del espacio democrático y la Corte Penal Internacional (CPI), refiriéndose al estudio preliminar que ya se está realizando sobre Venezuela.
Varios funcionarios del gobierno en disputa ya han asegurado que el informe fue sesgado, no contó la labor de las instituciones venezolanas, e incluso lo calificaron de “piratería jurídica”.
También lea Bachelet denuncia más de 2 mil muertos en Venezuela, en 2020, durante operativos de seguridadOtros ponentes trataron el tema de las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre.
Fue el caso de Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, quien indicó que luego de un diagnóstico, el caso de Venezuela “tiene que ver con un determinado esquema diseñado desde el poder para eliminar definitivamente la competitividad electoral”.
En el caso de Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en cobertura electoral y temas políticos, aseguró que, a pesar de los cambios que se han hecho entorno del Poder Electoral, estas elecciones serán “el evento con la peores condiciones políticas y técnicas”.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró en la 75ª de la Asamblea General de la ONU que existen “todas las garantías necesarias” para la realización de estos comicios.
El debate
El encargado de abrir las intervenciones de los representantes de los países miembros fue Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela.
Borges se refirió al informe de la misión asegurando que generó una especie “de terremoto interno” al recordar casos como el del concejal Fernando Albán, quien murió en custodia de órganos del Estado, y la detención del parlamentario Juan Requesens. Estos sucesos, agregó, dejan claro que “no se trata de casos aislados”, sino de un patrón.
El comisionado aseguró que el problema venezolano no es ideológico, sino “profundamente humano”, por lo que pidió no reconocer las venideras elecciones.
También lea ONU: Fuerzas de seguridad de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidadCarlos Trujillo, representante de EE.UU. ante la OEA y uno de los estados que pidió la reunión, indicó durante su intervención que espera que la organización "no se deje engañar otra vez” y pidió que mantuviese “su firme apoyo a la democracia en Venezuela”.
“No es momento para que la OEA se eche para atrás. Debemos aprobar una resolución en la próxima Asamblea General, con un lenguaje fuerte”, apuntó Trujillo.
El representante de Brasil en la OEA, Gabriel Moreira, otros de los países que suscribió la reunión, indicó que los venezolanos “necesitan más que nunca el apoyo decisivo de las democracias del continente” y expresó también su apoyo a la renovación de los mandatos de la ONU.
Aseguró que el proceso convocado para fin de año “no debe ser apoyado por la comunidad internacional” y que su preparación, dadas las condiciones, “ya es un fraude para la democracia”.
Alejandro Ordóñez, el embajador de Colombia ante la OEA, explicó que Bogotá busca que no “se caiga en la indiferencia” por lo que pasan los venezolanos y reiteró el llamado al rechazo a los comicios de diciembre, que aseguró “carecen de toda legitimidad”.
Otros países miembros como Uruguay, Chile y Bolivia, ante lo desarrollado por los exponentes, expresaron su preocupación por la situación venezolana. Sin embargo, otras delegaciones, como la argentina, pidieron no usar los derechos humanos “para hacer política” y dejar la lógica de la estigmatización y de la “escalada”.
Misión de la EU
El representante de la Unión Europea ante la OEA, Michael Curtis, se refirió a la misión enviada la semana pasada a Caracas por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, para conversar con las partes, sobre la cuál no se había revelado mayores detalles.
Curtis aseguró que se trató de una “continuación natural de los esfuerzos de las Unión Europea”, de una misión diplomática, que no cambia su posición frente Venezuela.
Detalló que se reunieron, en su mayoría, con grupos de la oposición para discutir temas de derechos humanos. En los encuentros con miembros del gobierno en disputa, dijo, reiteraron que no hay condiciones para que se dé “un proceso democrático” en el país y les transmitieron su recomendación de postergar las condiciones para lograrlas.