Como una “medida política” califican expertos la inhabilitación de 28 parlamentarios opositores, entre ellos Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, quien en 2019 ya había sido inhabilitado para ejercer cargos políticos.
Consultado por la Voz de América, el abogado Nelson Chitty La Roche, sostiene que se trata de una violación a los derechos ciudadanos y subraya que, en todo caso, de acuerdo a la Constitución, no es competencia de la Contraloría de la República limitar los derechos políticos.
“Esto desconoce la Constitución de la República, es una violación de los derechos políticos de cada uno de ellos, es un acto de usurpación porque no corresponde a la Controlaría, en perfecta constitucionalidad, privar de los derechos políticos e inhabilitar a nadie”, afirma el especialista.
A juicio de Jesús Seguias, presidente de DatinCorp, las inhabilitaciones son la reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante las más recientes sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del Estado y sostiene que la posición europea “no ayuda a que fluya un proceso de negociación, sino que lo entorpece”.
“Se entendía que, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, venía un nuevo juego de roles en el campo internacional respecto al caso Venezuela, donde EE.UU. dijo no tengo en este instante previsto cambiar las sanciones, es decir, mantiene la posición del jugador duro, pero dejamos que Europa se encargue de hacer los enlaces necesarios entre las partes involucradas en el conflicto venezolano para que ellos puedan resolver por la vía de la negociación un desenlace electoral”, destaca Seguias.
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Seguias agrega que si Europa comienza a actuar con mayor “cohesión” con la Casa Blanca, lo que correspondería sería llegar a “una negociación para un desenlace electoral”, seguido del nombramiento de “un Consejo Nacional Electoral equilibrado que garantice unas elecciones limpias”.
“La única solución que le queda al país para dar solución, no solo a la crisis política, sino la crisis económica, de los servicios públicos, social, emocional, ética y de la pandemia, sin duda alguna es un proceso de negociación que conduzca a un desenlace electoral, no hay otra, si no hay otra, qué sentido tiene seguirse afincando en opciones que hace que se complique más el problema”, añade.
El analista destaca que no tiene dudas de que las negociaciones también podrían implicar levantar las inhabilitaciones a políticos opositores.
“Yo creo que eso estaba planteado sin necesidad de negociaciones, el gobierno le dio puerta franca a los diputados después de las negociaciones con Capriles, todos quedaron con sus derechos políticos restablecidos, ahora el gobierno retrocede aplicando estas sanciones como respuesta a Europa”, expresa Seguias.
Esta semana, Elvis Amoroso, contralor de Venezuela desconocido por la oposición por haber sido designado por la Asamblea Nacional Constituyente considerada ilegitima, aseguró que la medida fue tomada porque, según dijo, los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes.
En los últimos años, el gobierno de Maduro ha inhabilitado políticamente a varios líderes opositores, entre ellos Leopoldo López y el excandidato presidencial Henrique Capriles.