La Oficina de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, indicó el miércoles en su informe que las minas de oro, diamantes y bauxita, situadas en la región del Arco Minero del Orinoco en Venezuela, están mayormente controladas por organizaciones criminales que explotan, golpean e incluso asesinan a trabajadores.
En un comunicado, la Oficina de Bachelet afirmó que las fuerzas militares y de seguridad venezolanas no impiden estos delitos y han participado en algunos actos de violencia contra mineros. "De acuerdo a las versiones recibidas (...) cuerpos de mineros a menudo son lanzados a las excavaciones utilizadas como tumbas clandestinas".
"Las autoridades deberían tomar medidas de inmediato para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y el tráfico de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras", agrega.
El Arco Minero del Orinoco fue creado por decreto en 2016. El área de unos 111.000 metros cuadrados en la Amazonía venezolana es equivalente al 12% del territorio nacional.
El texto Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco dice además que estos grupos desplegados en esta área "deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección".
El informe expone los factores, -que a juicio de la Oficina de la Alta Comisionada-, socavan la independencia de los jueces, así como las condiciones para el nombramiento, la falta de libertad de asociación y la presión política. El texto detalla además cómo los grupos mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares.
Delegaciones de los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos debaten el informe este miércoles.
La segunda autoridad en ACNUDH, Nada Al-Nashif, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los resultados de su investigación en el área del Arco Minero del Orinoco.
"De acuerdo a los relatos de primera mano recibidos por la Oficina, una gran proporción de las actividades mineras permanecen bajo el control del crimen organizado o individuos armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión", declaró.
El informe de la ONU indicó además que 149 personas han sido reportadas muertas dentro o alrededor de las minas desde marzo del 2016 hasta este año, y que las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en la mitad de los incidentes, añadiendo que el gobierno en disputa de Venezuela no respondió a los pedidos de proveer información.
"Hago un llamado al gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos ", dijo el comunicado citando a Bachelet.
El comisionado del gobierno interino de Venezuela para la ONU, Miguel Pizarro, resaltó en su cuenta de Twitter el informe de la Oficina de Bachelet. "El informe evidencia las violaciones graves cometidas por las fuerzas de seguridad, así como asesinatos y violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de protestas y operaciones de seguridad, y casos de tortura y desapariciones forzadas", reseñó Pizarro.
El embajador del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Valero, rechazó el reporte en un discurso en el que no mencionó específicamente la minería ilegal. "Está claro que existen manipulación y doble estándar con la intención de atacar a un estado soberano y exponerlo", afirmó Valero en Ginebra.
La ONU sostiene que entre los trabajadores mineros hay niños y que la ausencia de contratos laborales los dejan expuestos a contaminación por mercurio y malaria.
La ACNUDH llamó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro a regularizar las actividades mineras y garantizar que éstas se realicen bajo los estándares internacionales y medioambientales.
(Con reporte adicional de Celia Mendoza)