Los activistas de FundaRedes Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Juan de Dios García fueron presentados el sábado ante el Tribunal Tercero de Control con Competencia en Terrorismo e imputados por los delitos de “traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”, generando reacciones dentro y fuera de Venezuela.
Diversas organizaciones denunciaron que no se le ha permitido la asistencia de sus abogados de confianza.
“A pesar de que no pudimos entrar por ser abogados del Foro Penal como defensa de ellos, puesto que les impusieron defensa pública, tuve la oportunidad de conversar con ellos, los pude ver, de verdad están bastante deprimidos, están bastante mal”, expresó Stefania Migliorini, coordinadora del equipo jurídico de Caracas del Foro Penal.
De acuerdo a miembros del Foro Penal, los tres activistas tendrán como lugar de reclusión la cárcel de La Planta en Caracas, pero por ahora se mantienen en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide.
FundaRedes es una organización que ha visibilizado el conflicto en el estado Apure, fronterizo con Colombia y que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano.
Reacciones de condena
Representantes de al menos 200 organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales se pronunciaron para exigir la liberación de los activistas que, además, cuentan con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un grupo de defensores de derechos fundamentales acudió el sábado a las inmediaciones de una de las sedes del SEBIN en Caracas, para conocer sobre el paradero de Tarazona y sus compañeros, sin embargo, no obtuvieron información alguna.
También lea Denuncian detención de cuatro activistas en VenezuelaRafael Uzcátegui, coordinador de PROVEA, cuestionó que se intente generar una matriz pública oficial sobre las actividades de FundaRedes.
“Estamos rechazando el intento de instalar esa matriz de opinión criminalizadora sobre el trabajo, no sólo de esta organización en especifico sino sobre el conjunto del movimiento de derechos humanos. El primer patrón es la criminalización, intentar desnaturalizar el trabajo de la sociedad civil para erosionar la legitimidad de los defensores para continuar asistiendo a las victimas”, dijo el sábado Uzcátegui desde las inmediaciones del SEBIN.
La Delegación de la Unión Europea en Venezuela expresó “preocupación” por la detención de los tres miembros de la ONG e hizo un llamado a que “se respete el derecho de los detenidos al debido proceso, particularmente la asistencia jurídica y a que se notifique a sus familiares de su paradero”.
“La labor de defensores de derechos humanos es fundamental para una sociedad democrática y plural”, agregó en Twitter.
José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Right Watch, calificó el hecho como “muy grave”. Además, aseguró que el equipo de FundaRedes debe ser “inmediatamente liberado” y subrayó que “en Venezuela siguen existiendo presos políticos y ahora la lista incluye a defensores de derechos humanos”.
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Aunque no se refirió directamente al caso, el canciller Jorge Arreaza emitió un comentario sobre las ONG en su cuenta en Twitter.
“En Venezuela las llamadas Organizaciones No Gubernamentales NO poseen patentes de corso para violar la ley y desestabilizar el país. Las verdaderas ONGs cuentan con todo nuestro apoyo; no así aquellas franquicias de los que quieren sembrar violencia disfrazadas de ONGs”, escribió el domingo en su cuenta de Twitter.
Junto a los activistas de FundaRedes, fue detenido Yhonny Romero, director de Mayday Confavifd, quien fue liberado horas después la misma tarde del pasado viernes 2 de julio, de acuerdo a la organización Provea.
Según versiones de integrantes de la ONG, Tarazona, director de FundaRedes y otros dos miembros de su equipo, fueron detenidos “arbitrariamente” el viernes por la tarde en las inmediaciones de la fiscalía de Coro, estado Falcón, a unos 450 kilómetros al noroeste de la capital venezolana.
Habían acudido allí para denunciar que horas antes, mientras dictaban jornadas de formación ciudadana en promoción de los derechos humanos, fueron víctimas de acoso y persecución por parte de agentes de inteligencia, funcionarios policiales y sujetos sin identificar.
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