Organismos internacionales, defensores de los derechos humanos y congresistas estadounidenses condenaron el arresto y la orden inhabilitación de cargo público a Cristiana Chamorro, precandidata presidencial de la oposición en Nicaragua.
La hija del expresidenta nicaragüense, Violeta Barrios de Chamorro, que lidera las encuestas como favorita para derrotar al actual mandatario, Daniel Ortega, en los comicios generales previstos para noviembre, se encuentra en situación de "aislamiento" y bajo arresto domiciliario, según informaron fuentes familiares el miércoles.
La Unión Europea condenó las acciones del gobierno nicaragüense, calificándolas de "incompatibles con un proceso electoral creíble", según dijo el portavoz de Asuntos Exteriores Peter Stano. "La UE insta a que se la libere inmediatamente y se reviertan sin demora las medidas adoptadas contra sus derechos", escribió Stano en su cuenta de Twitter el jueves.
La ONU expresó su preocupación porque el arresto de Chamorro “empeore la confianza en las próximas elecciones”, según dijo Stephane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo. “Incumbe al gobierno asegurar la seguridad” de la opositora, declaró el portavoz a reporteros.
El director ejecutivo para América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la medida del gobierno de Ortega de un “plan para impedir las elecciones libres” y pidió a Estados Unidos y la Unión Europea que “condenen” los hechos.
“La comunidad internacional debe estar alerta ante esta campaña de abusos que busca impedir cualquier posibilidad de elecciones justas en el país”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.
La relatora especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, pidió al gobierno de Nicaragua “poner fin a los crecientes ataques y detenciones arbitrarias”.
"El Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas", agregó la diplomática en un comunicado general el jueves.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su “profunda preocupación” ante la orden de allanamiento y detención a Chamorro. Se hace evidente que está siendo una decisión arbitraria. Estamos muy preocupados por el rumbo que está tomando Nicaragua”, expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en declaraciones a la Voz de América
Legisladores estadounidenses acusan a Ortega reprimir la oposición
En el Congreso de Estados Unidos, legisladores demócratas y republicanos condenaron las acciones de Ortega contra Chamorro, haciendo sonar las alarmas ante lo que consideran es una afrenta contra las elecciones libres en el país centroamericano.
“Las acciones autoritarias de Daniel Ortega contra una miembro de la oposición demuestran un desprecio absoluto por el Estado de derecho y la piedra angular de cualquier democracia: elecciones libres, justas y transparentes”, escribió el senador demócrata Bob Menéndez en un comunicado.
El legislador por el estado de Nueva Jersey aseguró que “el régimen desesperado de Ortega cada vez está más resuelto en convertirse en la tercera dictadura de América Latina”.
Palabras similares tuvo el senador republicano Marco Rubio, quien dijo que, con esta medida, “el régimen de Ortega se empeña en reprimir a sus opositores” y pidió al gobierno del presidente Joe Biden que tome medidas para que el gobierno nicaragüense “pague por este atropello”.
Desde la Cámara de Representantes, los congresistas Albio Sires y Mark Green también condenaron los hechos, calificando las acusaciones contra Chamorro de “infundadas” y acusando a Ortega de llevar a cabo un plan por “eliminar a la oposición política y mantener su control autoritario sobre el poder bajo cualquier costo”.
Los legisladores pidieron, además, que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y países en Latinoamérica impongan sanciones coordinadas contra los funcionarios y agentes de policía involucrados en el arresto de Chamorro y el allanamiento de su casa.
Chamorro fue sometida a una investigación de la Fiscalía desde hace dos semanas, a raíz de unas supuestas inconsistencias e indicios de “lavado de dinero”, encontrados en la Fundación Violeta Barrios en los últimos años.
En el proceso de investigación al menos 15 periodistas, directores de medios de comunicación, analistas y críticos a Ortega, han sido citados a declarar ante las autoridades por los cargos en el que señalan a Chamorro.
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