La Corte Suprema pareció mostrarse escéptica el lunes ante la posibilidad que el presidente Donald Trump pueda excluir categóricamente a personas que viven en el país ilegalmente del conteo poblacional usado, entre otras cosas, para asignar escaños a los estados en la Cámara de Representantes.
Pero también pareció posible que los magistrados puedan evitar un fallo final en el tema hasta que sepan cuán ampliamente actuaría la administración Trump en sus días finales en el cargo y si la división de escaños legislativos se vería afectada.
Ningún presidente ha intentado hacer lo que Trump delineó en un memorándum en julio, cuyo objetivo era excluir a millones de no ciudadanos del conteo, realizado cada diez años, que sirve de base para determinar cuántos escaños le corresponden a cada estado en la Cámara de Representantes, así como para la asignación de fondos federales.
La Corte, reunida por teléfono debido a la pandemia del coronavirus, escuchó argumentos en su segundo caso en dos años relacionado con el Censo 2020 y los inmigrantes.
Una posibilidad delineada por el Procurador General interino, Jeffrey Wall, el principal abogado de Trump ante la Corte Suprema, es que Trump podría intentar dejar fuera del conteo a personas que están bajo detención migratoria y aquellos a los que se les ha ordenado salir del país.
Pero ante preguntas de la magistrada Elena Kagan, Wall no descartó excluir categorías más amplias de inmigrantes, incluyendo a aquellos que tienen protección contra la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
“No podemos estar seguros en este momento, y no sabremos qué decidirá el presidente hacer sobre eso”, dijo Wall.
La magistrada Amy Coney Barrett, nombrada apenas el pasado mes de octubre para la Corte Suprema, estuvo entre varios miembros del tribual que consideraron que los argumentos del gobierno para una amplia discreción a la hora de decidir quiénes serían excluidos es problemática porque “mucha de la evidencia histórica y las antiguas prácticas realmente van en contra de su postura”.
La corte decidió escuchar el caso en una vía rápida, basada en la solicitud de la administración de lograr una decisión para inicios de enero, cuando Trump debe, por ley, transmitir los números del censo al Congreso. El Buró del Censo deber enviar la información a Trump antes del 31 de diciembre.
Pero Wall le reconoció a la corte el lunes: “No estamos actualmente a ritmo para enviar el reporte al presidente para la fecha tope de final de año”. Agregó que funcionarios del censo le dijeron que esperan tener alguna información en enero.
Un retraso de tres semanas significaría que el Buró del Censo le estaría entregando la información a un nuevo presidente, El mandatario electo Joe Biden asumirá la presidencia el 20 de enero.
Varios magistrados conservadores sugirieron que el mejor camino sería evitar una decisión inmediata en demandas presentadas por Nueva York y otros estados gobernados por demócratas, así como por defensores de la inmigración, pues las intenciones de Trump son tema de especulación en este momento.
“Señor Ho, si la información adicional fuera de beneficio en unas cuantas semanas, ¿no sería mejor para resolver este caso? Como parece sugerir el interrogatorio, hay cierta dificultad en valorar exactamente qué información estará disponible y cuál será esa información”, dijo el magistrado Clarence Thomas a Dale Ho, un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una organización que representa a grupos de defensores de la inmigración.
La corte simplemente demoraría el caso para ver qué pasa, o lo desecharía como prematura. La segunda opción le permitiría a Trump avanzar con su plan y conduciría inevitablemente a una nueva demanda.
Trump tiene un historial mixto en el alto tribunal en el tema migratorio. Los magistrados sostuvieron su prohibición a viajar a Estados Unidos a los residentes de algunos países predominantemente musulmanes. Pero la corte desechó su intento por eliminar el programa DACA y bloqueó su intento de agregar una pregunta sobre la ciudadanía de los encuestados, por primera vez en 70 años.
