Los defensores de los derechos humanos acogieron con beneplácito la revocación por parte de la administración Biden de los límites a la elegibilidad para el asilo en los Estados Unidos, anunciada esta semana por el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland.
Los grupos de derechos humanos dicen que la decisión restaura un camino hacia la seguridad para los sobrevivientes de violencia doméstica y las familias objetivo de pandillas violentas, categorías que la ex administración Trump casi excluyó para el asilo en dos órdenes emitidas por los predecesores de Garland.
“Es una medida que tendrá efecto inmediato”, dijo Robyn Baynard, asesora principal de defensa de la protección de refugiados en Human Rights First, hablando con VOA. "No puedo exagerar el gran impacto que esto tendrá en sus casos [de solicitantes de asilo]".
Baynard señaló que los solicitantes de asilo cuyos casos fueron denegados en base a las órdenes anteriores y están esperando una apelación ahora pueden solicitar que sus casos sean devueltos a los tribunales de inmigración para ser reconsiderados a la luz de la decisión de esta semana.
La administración Trump argumentó que se necesitaban límites a la elegibilidad para el asilo para frenar lo que consideraba un abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos.
"La gran mayoría de las solicitudes de asilo actuales no son válidas", dijo el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions en un discurso de 2018. "El asilo nunca tuvo la intención de aliviar todos los problemas, incluso todos los problemas graves, que enfrentan las personas todos los días en todo el mundo".
Sessions emitió una orden que restringe la elegibilidad de asilo para las personas, en su mayoría mujeres, que huyen de la violencia doméstica. Su sucesor, el ex secretario de Justicia William Barr, emitió en 2019 una decisión en la que los familiares de las personas objetivo de las bandas criminales no eran elegibles para el asilo debido a sus lazos familiares.
Las órdenes se basaron en la interpretación de la administración Trump de la ley de inmigración de Estados Unidos, que sostiene que los solicitantes de asilo deben demostrar que enfrentan un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social en particular.
Sessions argumentó que las mujeres que huían de la violencia doméstica no pertenecían a un "grupo social en particular". Barr luego argumentó lo mismo con respecto a los familiares de las personas que enfrentan la violencia de las pandillas.
A partir del miércoles, ambas órdenes de Sessions y Barr fueron anuladas en su totalidad. La acción de Garland se produce cuatro meses después de que el presidente Joe Biden firmara una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a revisar y determinar si rescinden múltiples reglas restrictivas de la era Trump relativas a los solicitantes de asilo y refugiados.
En un memorando que coincidió con el anuncio de Garland, la Fiscal General Adjunta Vanita Gupta escribió que las leyes de asilo de Estados Unidos "reflejan el compromiso de Estados Unidos de brindar refugio a algunas de las personas más vulnerables del mundo".
En el futuro, Gupta dijo que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional están trabajando en una guía para "determinar las circunstancias en las que una persona debe ser considerada miembro de un 'grupo social particular'".
Mientras tanto, Gupta dijo que los jueces de inmigración "no deberían seguir más las decisiones anuladas” y dictaminar sobre casos basados en el precedente que existía antes de las órdenes de la administración Trump.
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