Venezolanos en España, integrantes del colectivo de repartidores o riders, explican cómo les afectará la nueva “Ley Rider”, a través de la cual dejarán de ser autónomos y se convertirán en trabajadores por cuenta ajena. Aunque recibirán beneficios en materia de protección y derechos laborales, comentan que estos cambios no les compensan.
“Proteger” a los más “vulnerables” es el objetivo del Gobierno español tras aprobar el “Real Decreto-Ley para la garantía de los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataforma digitales”, también conocida popularmente como “Ley Riders”.
En términos generales, bajo esta nueva normativa los repartidores de plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo, dejarán de ser autónomos y se convertirán en trabajadores por cuenta ajena, contratados por las mismas plataformas o por empresas de trabajo temporal, conocidas como ETT.
De esta manera, contarán con la misma protección social y derechos que tienen los trabajadores asalariados. “No hay ningún país del mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia. Por primera vez el mundo está mirando a España”, señaló la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Si bien con esta normativa los riders contarán con coberturas en casos de accidente, permisos retribuidos o de lactancia, no van a poder organizar sus propios horarios ni trabajar para varias plataformas, como hacían hasta el momento. Además, según organizaciones que luchan por los derechos del sector, las plataformas no podrán “absorber” los 30.000 repartidores que se calcula que hay en España, por lo que gran cantidad de trabajadores perderían su empleo.
“Se prevé que un 75% quedemos excluidos (…) Vamos a tener contratos de unas 15-20 horas sin poder compaginar con otros trabajos. Incluso hay cláusulas muy restrictivas dentro de estos contratos. No podrás trabajar con la competencia incluso 18 meses después”, explica Jordi Mateo, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos. “Eso también va a ser muy malo para la comunidad venezolana. Les estaba costando mucho incorporarse al mercado laboral y las plataformas digitales han sido una solución para ellos”.
Precisamente, una de las mayores preocupaciones de Asunción Montoya, originaria de la capital venezolana y delegada provincial de la Comunidad de Madrid de la Asociación Autónoma de Riders (AAR), tiene que ver con el proceso de contratación.
“Ellos van a contratar a quien sea más rentable. Las personas de cierta edad, en ellas me incluyo, no tenemos ni la misma agilidad ni rapidez”, explica. Comenta que se opone rotundamente a la nueva legislación: “La angustia y la inseguridad que nos está generando esto es terrible”.
Otra inquietud del colectivo venezolano está relacionada con la disminución del salario.
Josua Méndez, integrante del colectivo de riders de Barcelona, quien encontró en el oficio de repartidor la posibilidad de hacer jornadas largas para obtener más ingresos. Explica que, hasta el momento, un rider podía ganar aproximadamente entre 300-350 euros semanales.
Este caraqueño comenta que ahora, con la aprobación de la nueva ley, el salario cambiará. Es por ello que se muestra preocupado por las consecuencias que esto pueda tener en la ayuda a sus familiares que se encuentran en Venezuela. “Nos dará un sueldo base de 700, 800 [euros] mensuales. Desde alquiler, mercado, servicios y tal, pues no alcanzará para enviar remesas a los familiares y se verá disminuida la calidad de vida de cada una de nosotros”, explicó a la Voz de América.
“Es un trabajo duro, que requiere esfuerzo mental y físico, pero vale la pena por lo que se gana. (…) Si no tienes ni siquiera los ingresos que pretendías tener con el trabajo y sigues teniendo el mismo esfuerzo físico es preferible no hacer nada”, concluyó.
Alquiler de cuentas
Por otro lado, existe el caso de venezolanos que no han regularizado su situación migratoria y trabajan de manera “informal”. Es decir, al no tener permiso de trabajo, utilizan el perfil de otra persona que tiene una cuenta en alguna plataforma digital. Este es el caso de un rider que habló con la Voz de América desde Barcelona, quien prefirió no ser identificado y se mostró preocupado al no estar amparado por esta nueva ley. “El inmigrante cuando llega a España, sacar los papeles conlleva mucho tiempo y en este lapso de tiempo, si no trabajas, ¿Cómo pagas las cuentas?”.
Asociaciones que luchan por los derechos de los repartidores destacan la desprotección de este colectivo. “Esta gente se va a ver afectada porque ha trabajado mucho tiempo sin papeles. Ahora no tiene derecho a reclamar nada y es una familia más que se queda sin empleo”, explicó desde Granada Sebastián Honorario, directivo de la Asociación Autónoma de Riders. “Lo que pretendemos es que negociemos una forma de trabajo en la que sea buena para el Gobierno, buena para las plataformas y buena para los repartidores”, destacó.
Las plataformas digitales tendrán tres meses para adaptarse a la nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 12 de mayo. Mientras, tanto repartidores venezolanos como integrantes de asociaciones que luchan por los derechos de estos colectivos, aseguran que seguirán batallando contra lo que denominan como la precariedad en el sector y para seguir trabajando bajo las antiguas condiciones laborales.
El auge del delivery
En España, como en otras ciudades del mundo, el sector de repartidores o delivery se disparó durante el confinamiento por la pandemia. Desde entonces, se convirtió en una industria que no para de crecer. Según un estudio de la patronal ADigital, dos de cada tres riders provienen de América Latina. Y aunque no hay cifras oficiales que indiquen cuántos de ellos son venezolanos, muchos migrantes provenientes de este país encontraron en el oficio una manera rápida de entrar al mercado laboral y la posibilidad de tener un horario flexible.
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