Desde hace dos meses, el buque petrolero Alkimos, con bandera de Malta, pasa el tiempo flotando frente a la costa de Texas, ajeno a lo que sucede en un tribunal federal de Estados Unidos como consecuencia de las sanciones que Washington impuso a Venezuela.
La disputa, que no había trascendido hasta ahora, tiene todo el drama de una película de piratas: Una carga costosa, maniobras marinas clandestinas y acusaciones de un robo en altamar.
De un lado está Evangelos Marinakis, uno de los empresarios más importantes de Grecia y propietario de su club de fútbol más exitoso, el Olympiakos; del otro, otro magnate de la industria de transportes marítimos de Venezuela, Wilmer Ruperti, quien tiene un largo historial de colaboración con el gobierno socialista venezolano.
El primer round pareció favorecer a Marinakis, cuya empresa Capital Ship Management Corp., con sede en El Pireo, opera el Alkimos. El miércoles las autoridades estadounidenses ofrecerán en subasta el cargamento del barco en Houston: 100.266 barriles de gasolina de alto octanaje, con un valor aproximado de 5 millones de dólares. La subasta se produce después de que el juez Lynn Hughes ordenase confiscar el cargamento, diciendo que lo más probable es que hubiera ido a parar a Venezuela, mientras continúa un proceso de arbitraje sobre un derecho de retención de 1,7 millones de dólares.
“Esto demuestra claramente que las sanciones funcionan”, afirmó Russ Dallen, quien sigue de cerca el tráfico marítimo como director de Caracas Capital Markets, con sede en Miami. “Si bien pareciera que este propietario hizo las cosas bien, hay muchas cucarachas inescrupulosas en la industria del transporte marítimo dispuestas a hacer negocios con Venezuela”.
Estados Unidos ha estado tratando por meses de frenar los cargamentos de combustible de y hacia Venezuela, en la esperanza de que eso acelere la caída de Nicolás Maduro, al privarlo de los ingresos petrolíferos que son el principal sostén de su gobierno socialista. Pero los más perjudicados han sido los venezolanos, que tienen que esperar días para llenar los tanques de sus vehículos por la escasez de gasolina refinada en el país.
Hasta ahora el gobierno de Donald Trump ha sancionado a más de 50 barcos por violar las sanciones. Este mes agregó cinco capitanes iraníes a la lista de individuos a los que no se les permitirá hacer negocios con Estados Unidos luego de que Maduro apelase a Irán para recibir gasolina, que cada vez la cuesta más conseguir.
La saga del Alkimos, según se desprende de documentos legales revisados por la Associated Press, comenzó inocentemente. A fines de marzo, el barco de construcción china, que mide 156 metros (480 pies), estaba anclado en Panamá después de ser contratado para entregar gasolina a Aruba.
Pero desde un comienzo algo no cuajó.
Las instrucciones decían que el cargamento sería trasladado a otra nave en el mar que había visitado puertos venezolanos exclusivamente el año pasado. Y el pago por la carga fue hecho por terceros, una empresa llamada Ultra Travel, supuestamente basada en Montenegro.
Por otro lado, ES Euroshipping AG, la firma con sede en Suiza que alquiló el Alkimos, era propiedad de Ruperti, un empresario conectado con el gobierno venezolano.
En el 2002 Ruperti alquiló una flota de buques cisterna rusos para ayudar al gobierno de Hugo Chávez a contrarrestar una huelga de meses en PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Ahora salía nuevamente al rescate.
En marzo, otra firma suiza que él controla le cobró a PDVSA un adelanto de 12 millones de euros con los que planeaba comprar unos 250.000 barriles de la misma gasolina con un octanaje de 95 que llevaba el Alkimos, según una copia de la factura obtenida por la AP. Para burlar las sanciones de Estados Unidos, la empresa abrió una cuenta bancaria en euros y rublos en el Banco Derzhava de Moscú.
El Alkimos es propiedad de la Brujo Finance Company, una firma registrada en las Islas Marshall. Pero es operado por Capital Ship Management, cuyo nombre y logo están pintados en la nave. La empresa opera una flota de 54 buques cisterna.
El presidente de Capital, Marinakis, es propietario del Olympiakos en Grecia y del Nottingham Forest en Inglaterra.
En el 2018, unos fiscales iniciaron una investigación preliminar de su posible papel en el tráfico de drogas después de que se confiscasen 2,1 toneladas de heroína en una de sus naves. Él negó papel alguno en ese contrabando, diciendo que se trataba de un complot del gobierno izquierdista de entonces para silenciarlo. En el pasado también fue acusado de arreglar partidos y exonerado.
Marinakis no respondió a pedidos de comentarios hechos a través de su portal y de Capital.
Si bien el arbitraje entre estos dos magnates del sector de transporte marítimo podría tomar meses, funcionarios estadounidenses dicen que el caso demuestra que las sanciones contra Venezuela son cada vez más efectivas.
En mayo los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos y la Guardia Costera dijeron que esas transferencias de carga de un barco a otro como los que se le pedía al Alkimos que hiciese son usados a menudo para evadir las sanciones. El informe se enfoca en Irán, Corea del Norte y Siria --no en Venezuela--, pero exhorta a todos los transportistas a asegurarse de que no violan las sanciones.
“Los transportistas de todo el mundo están dejando de hacer negocios con Venezuela”, afirmó Elliott Abrams, representante especial del gobierno de Trump para Venezuela, en declaraciones a la AP. “Las firmas más prestigiosas, incluidas las grandes compañías de transporte marítimo griegas, han estado cooperando y han demostrado que valoran sus reputaciones y sus negocios en todo el mundo”.
En el caso de Alkimos, sus propietarios sospecharon que algo no funcionaba. Por ello sus abogados presionaron a ES Euroshipping para que suministrase información adicional, haciendo notar que el contrato contenía una “cláusula sobre sanciones” que le deba a la empresa “total discreción” para negarse a realizar cualquier transacción que pudiera exponerla a ella o a su tripulación a sanciones de Estados Unidos.
“Para ser claro por adelantado, el propietario (del barco) NO participará en transacción ilegal alguna”, dice un email enviado el 31 de marzo por el agente de la empresa de transportes.
A pesar de las sospechas, el barco partió de Panamá el 9 de abril, días después de que la AP informase que Ruperti había empezado a comprar petróleo en lo que luego describiría como una gestión “humanitaria” que no violaba las sanciones de Estados Unidos.
“Estoy un 100% seguro de que estoy haciendo esto legalmente y cumpliendo con las reglas y obligaciones”, le dijo a la AP en una entrevista en abril. Desistió de hablar del tema cuando fue contactado esta semana en relación con el cargamento confiscado.
Camino a Aruba, continuaron las idas y venidas y aumentaron las sospechas de los dueños del Alkimos. El barco debía encontrarse con la otra nave, la Beauty One, en mar abierto --80 kilómetros (50 millas) al oeste de Aruba, frente a la costa de Venezuela-- y no en el sector marcado por las autoridades arubeñas para las transferencias de barco a barco. Además, los propietarios del Alkimos no conocían a la empresa que debía supervisar el traspaso, ATM Marine Services, y tampoco tenía un portal de internet que la identificase. No se había designado a representante alguno para que coordinase el traspaso con las autoridades de Aruba.
“Se pide respuesta URGENTE... Es un tema muy serio”, escribió el representante del Alkimos poco antes de la llegada a Aruba, programada para el 11 de abril.
A lo largo de toda la saga, los precios por el alquiler de buques cisterna fueron aumentando. ES Euroshipping dice que eso la empujó a tratar de deshacerse del cargamento lo antes posible, para tomar otros contratos. La economía mundial se paralizaba por la crisis del COVID-19 y había un exceso de petróleo. El alquiler de los grandes buques subió en algunos casos hasta diez veces y había gran demanda para que hiciesen de depósitos flotantes incluso cuando los precios se venían abajo.
Pasados dos plazos para recibir otras órdenes de viaje, el Alkimos emprendió el regreso el 26 de abril y se encaminó a Houston. Primero, no obstante, le informó a ES Euroshipping que pediría un embargo del cargamento por 1,7 millones de dólares para compensarlo por las pérdidas, incluidos 500.000 dólares para cubrir los gastos incurridos al permanecer tanto tiempo en el mar.
ES Euroshipping afirma que Capital Ship Management y los dueños del barco se robaron el cargamento y pide una compensación de 2,3 millones de dólares. Su abogado Michael Volkov dijo que después de tantas evasivas del propietario del barco, que se negó a aceptar las garantías de que no se violaba sanción alguna, Euroshipping finalmente dio otras instrucciones, diciendo primero que el cargamento fuese llevado a las Bahamas, luego a Trinidad.
La empresa de Ruperti, no obstante, afirma que las instrucciones fueron ignoradas y acusa al propietario de la nave de realizar un viaje ilegal de siete días a Houston con el fin de encontrar una jurisdicción favorable para legalizar el “robo”, tomando en cuenta que había puertos mucho más cercanos donde las empresas --ninguna de ellas estadounidenses-- podrían resolver las disputas legales. Dijo asimismo que el Alkimos se fue de aguas arubeñas sin informar al supervisor del puerto, lo que generó multas por 11.500 dólares.
“Brujo es un pirata que se robó un cargamento en el mar, escapó de las autoridades arubeñas sin la debida autorización, hizo ir a la nave a un puerto en su distrito y luego engañó a este tribunal”, dijo Volkov en una presentación del 29 de mayo.
Ruperti parece tener importantes aliados. El 1ro de mayo Hans Hertell, exembajador de Estados Unidos ante la República Dominicana, le escribió una carta a Ryan Patrick, fiscal federal del distrito sur de Texas, pidiéndole a la fiscalía que iniciase una investigación de los dueños del barco.
“Nos asombró enterarnos de que los propietarios del barco se hayan robado el cargamento de una forma tan alevosa”, decía la carta.
