El presidente Gabriel Boric inició el jueves el primero de dos días de visita a La Araucanía, la región más violenta de Chile, que a pocas horas de su llegada fue escenario de un par de atentados incendiarios y cortes de ruta, reivindicados por pequeños grupos indígenas que exigen la devolución de territorios ancestrales.
La agenda del mandatario en la región de La Araucanía, 600 kilómetros al sur de la capital chilena, se mantuvo en estricta reserva para evitar ataques en las cercanías de los lugares que recorrerá. Fuertemente custodiado, Boric comenzó la jornada en la capital regional de Temuco, cuyo gobernador electo Luciano Rivas declaró tras el encuentro que “no hay excusas” para no resolver la crisis de seguridad y avanzar en la reparación de las víctimas.
En horas previas a su visita, desconocidos quemaron una escuela rural y una capilla católica y derribaron árboles con los que cortaron algunos puntos de la principal carretera regional.
Los responsables “serán perseguidos con todo el peso de la ley”, dijo Boric ante una consulta de la prensa y admitió que “en la región ha habido actos de carácter terrorista”.
El mandatario se trasladó luego en helicóptero a Angol, a 130 kilómetros de Temuco, donde se reunirá con alcaldes de algunas de las comunas más afectadas por la violencia. Se espera que también converse con víctimas de la violencia rural.
En un comunicado difundido la víspera en redes sociales la Coordinadora Arauco Malleco, una organización armada compuesta por grupos mapuches, llamó a boicotear la visita y criticó que el mandatario llegue a la región “extremadamente custodiado por fuerzas especiales y militares, lo que refleja su postura a favor de la militarización del Wallmapu (tierras ancestrales)”.
La víspera hubo otros atentados incendiarios que destruyeron una casa, cabañas, un camión, bodegas y un aserradero. Los ataques coincidieron con la renovación de un estado de emergencia que rige hace poco más de cinco meses en La Araucanía y en la aledaña región del Biobío, que faculta al mandatario a usar a las Fuerzas Armadas en el control de las principales rutas.
Tras su encuentro con Boric el gobernador Rivas afirmó que los últimos atentados son “de carácter terrorista” y agregó que “no hay excusas” para resolver la crisis de seguridad y avanzar en la reparación de las víctimas.
La violencia en la Macrozona Sur se extiende por más de dos décadas y afecta sobre todo a maquinarias y propiedades de empresas forestales ubicadas en terrenos que en el siglo XIX les fueron arrebatados a los mapuches. La mayoría de los atentados son reivindicados por pequeños grupos de indígenas armados, aunque la mayoría de los mapuches persiguen el mismo objetivo por vías pacíficas. También hay acciones violentas perpetradas por ladrones de madera y bandas de narcotraficantes.
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