La organización no gubernamental Cristosal informó el lunes que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo de 2022.
De las 153 víctimas, cuatro son mujeres y el resto hombres. Según el informe de Cristosal, ninguna de las personas fallecidas estaba declarada culpable del delito que se les atribuía cuando las detuvieron. Del total de personas fallecidas, 139 se dieron en el primer año del régimen de excepción.
El informe de la organización defensora de los derechos humanos también revela que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y de lesiones graves y sistemáticas. Casi la mitad de los fallecidos fueron víctima de muertes violentas.
Profundiza en las practicas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido infringidos de manera generalizada a miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción.
Una parte de estas muertes fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose muertes por desnutrición.
Y agrega que estas acciones revelan claramente una política punitiva llevada a cabo por los custodios y funcionarios de la administración penitenciaria y afirma que “es evidente que tales acciones requieren la autorización y el respaldo de las autoridades de más alto nivel en el ámbito de seguridad”.
Hasta el momento no se conoce un informe oficial de las personas fallecidas en las cárceles.
El estado de excepción aprobado por el Congreso unicameral suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días la detención y permite a las autoridades intervenir correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Para obtener la información, Cristosal dice que llevó a cabo investigaciones de campo, incluidas en fosas comunes, recolección de documentación fotográfica de los cuerpos y esquelas del estatal Instituto de Medicina Legal, así como entrevistas con familiares, vecinos de las personas fallecidas y a personas que estuvieron detenidas.
![La ex legisladora estatal de Maryland Ana Sol Gutiérrez, durante protesta frente a sede diplomática salvadoreña en Washington, el 28 de marzo de 2023, urgió explicar a los salvadoreños en EEUU lo que está sucediendo en el país. [Foto: Tomás Guevara, VOA]](https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-105c-08db2fb72219_cx10_cy2_cw80_w100_r1.jpg)
Cristosal expone el caso de un joven de 24 años que se dedicaba a la pesca y murió en una ambulancia ante de ingresar al Hospital Nacional Zacamil, en la capital salvadoreña. Su cuerpo presentaba una perforación que traspasaba uno de sus hombros y laceraciones en las rodillas, pero aseguran que la esquela del Instituto de Medicina Legal determinó que murió a consecuencia de “edema pulmonar”.
El informe destaca que la evidencia testimonial recopilada les permite constatar la evidencia de prácticas de tortura colectiva al momento de ingresar a las instalaciones penitenciarias. Entre estas, se encuentran traumatismos infringidos con macanas (bastón para golpear) por parte de los custodios, así como torturas por posición, como obligar a los detenidos a arrodillarse sobre la grava hasta que sangren.
Cristosal hizo un llamado al Estado salvadoreño para que aclare las condiciones de los detenidos en las cárceles, respete el debido proceso, libere a las personas inocentes, responda por las muertes bajo su custodia, brinde toda la información necesaria a su familia y termine de una vez con estas prácticas amparadas en un régimen de excepción que, según denuncian, es inconstitucional.
Las cifras oficiales registran más de 68.000 supuestos pandilleros o colaboradores capturados en el marco del régimen de excepción, de ellos más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez principalmente por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero más de 5.000 personas han sido liberadas porque no se les pudo vincular con esas estructuras criminales, según las autoridades.
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