Una versión revisada de una norma federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes llevados a Estados Unidos cuando eran niños se debate el jueves ante un juez federal que anteriormente sentenció que el programa era ilegal.
Los abogados de nueve estados que demandaron la derogación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los abogados del Departamento de Justicia y los beneficiarios del DACA comparecían el jueves durante una audiencia ante el juez federal Andrew Hanen.
En 2021, Hanen declaró que DACA era ilegal porque no fue sometido a los períodos de difusión y comentarios públicos que requiere la ley federal de procedimientos administrativos. Sostuvo que los estados demandantes tenían derecho a demandar porque el programa los había perjudicado.
Antes de la audiencia, medio centenar de personas se reunieron en un parque cerca del tribunal para expresar su apoyo al DACA. Muchos portaban carteles con las leyendas “Reforma inmigratoria ya”, “Protejamos al DACA” y “Poder inmigrante, derechos de inmigrantes”.
Los estados demandantes alegan que la permanencia ilegal de los inmigrantes en el país les cuesta cientos de millones de dólares en salud, educación y otros servicios. Los estados demandantes son Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.
La corte de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans ratificó el fallo de Hanen en 2022, pero le devolvió el caso para revisar los cambios al programa efectuados por el gobierno del presidente Joe Biden.
La nueva versión del DACA entró en vigencia en octubre y fue sometida a comentarios públicos como parte del proceso formal de elaboración de normas.
Texas y los demás estados argumentaron en documentos a la corte que el programa actualizado no difiere en esencia del memorando de 2012 que lo creó y que sigue siendo “ilegal e inconstitucional”. También argumentaron que la Casa Blanca cometió abuso de autoridad al otorgar beneficios a inmigrantes que sólo el Congreso puede otorgar.
El Departamento de Justicia sostuvo que los estados no pudieron demostrar un perjuicio directo a raíz del DACA, porque el Congreso le ha dado al Departamento de Seguridad Nacional “la autoridad y el deber de determinar las normas de seguridad inmigratoria”.
“El DACA es legal. El DACA es congruente con muchas normas del gobierno de Estados Unidos en el pasado y bajo distintos presidentes”, declaró Nina Perales, del Mexican American Legal Defense and Education Fund (Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus iniciales en inglés), que hablará ante el juez Hanen en nombre de los beneficiarios de DACA.
Hanen ha dejado intacto el programa de la presidencia de Barack Obama para los que ya se han beneficiado con él, pero sentenció que no se pueden recibir más solicitudes mientras duren las apelaciones.
Había 580.310 personas inscritas en el DACA a fines de diciembre, según la agencia Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
No se prevé un fallo inmediato después de la audiencia del jueves, pero sí se prevé que la sentencia, cualquiera que sea, irá por tercera vez ante la Corte Suprema.
En 2016, la Corte Suprema quedó empatada 4-4 sobre la ampliación de DACA y una versión para los padres de los beneficiarios. En 2020, la corte falló por 5-4 que el gobierno de Donald Trump le puso fin indebidamente y permitió que siguiera vigente.
Biden y los defensores de los inmigrantes han reclamado al Congreso que apruebe protecciones permanentes para los “dreamers”, como se llama a los beneficiarios de DACA. El Congreso no ha logrado aprobar los proyectos para proteger a los beneficiarios.
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