¿Cómo reaccionó la sociedad civil guatemalteca al intento de cancelación del Movimiento Semilla?

La sociedad civil y el sector privado de Guatemala, así como observadores nacionales e internacionales, han salido este jueves en defensa del proceso electoral y llamaron a respetar la voluntad ciudadana manifestada en las urnas el 25 de junio, que dio el pase a la segunda vuelta de las presidenciales al candidato Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de las Esperanza (UNE).

La Fiscalía General a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) logró la tarde del miércoles que el juez, Freddy Orellana, a cargo del Juzgado Séptimo de Instancia Penal emitiera una orden para cancelar la personaría jurídica del instituto político de izquierda que, contra todo pronóstico, saltó a la segunda casilla en preferencias electorales en los pasados comicios.

Este jueves los fiscales de la FECI han tomado control de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para un allanamiento en las oficinas del Registro de Ciudadanos donde estarían buscando información sobre “la denuncia de un ciudadano que manifiesta haber sido adherido ilegalmente a dicho partido político”, según dijo la Fiscalía este mediodía al calor de los acontecimientos.

El exdirector de la FECI, Juan Francisco Sandoval, comentó a la Voz de América en Washington que toda la operación “tiene origen ilegal” y que desde esas estructuras de poder “harán de todo” para intentar revertir el resultado de las elecciones generales que catapultaron a Arévalo a la final de las presidenciales.

También lea

Segunda vuelta electoral en Guatemala: el voto popular y la sorpresa de un duelo inesperado

Mientras transcurren los hechos, la respuesta ciudadana ha sido contundente, los distintos sectores del país centroamericano han plantado cara a la decisión judicial que califican de “golpe” a la institucionalidad democrática del país y han celebrado que el TSE haya certificado los resultados electorales la noche del miércoles, que abre paso a la segunda vuelta para el 20 de agosto próximo.

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA) así como centros de observancia del país han sentado postura para que se respete los comicios.

La Unión Europea exhortó este jueves al "cese de la judicialización de las elecciones con maniobras que tienen dudoso encaje legal en el ordenamiento jurídico guatemalteco, y a que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto sin cortapisas de ningún tipo”.

¿Bajo qué precepto legal se ha frenado la decisión judicial?

En principio, la orden judicial de cancelar la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla no tendría anclaje legal ya que el Artículo 92 de la Ley Electoral del país prohíbe la cancelación de una formación durante la contienda electoral.

El artículo reza que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”, base con la que actuó el TSE para certificar los resultados; una decisión bien recibida por los organizaciones de la sociedad civil.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, dijo este jueves que la acción de la Fiscalía le ha sorprendido por lo “inédito” de los hechos. A la vez, manifestó estar “preocupada” por los jefes, directores y trabajadores de la institución que hacen frente a “esta invasión a una parte de la institución” que tiene el mandato constitucional de arbitrar todo el proceso electoral del país.

“Ya no sé que pensar o qué más sigue (…) Sí, estamos muy preocupados, no porque tengamos absolutamente nada que esconder sino que la preocupación es porque es una cuestión que ni siquiera el registrador tenía oportunidad de responder. Le dieron 24 horas y ya ayer 12 de julio nos enteramos. Antes de esto van acciones, es preocupante”, añadió la funcionaria en entrevista con Emisoras Unidas.

¿Qué organizaciones del sector privado salieron al paso?

Los guatemaltecos vieron desde la noche del miércoles cómo el poderoso sector privado del país sentó postura para que el proceso electoral se encarrile a la normalidad y se apegue al Estado de derecho.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) se pronunció con un comunicado para “reconocer la labor y el trabajo” del TSE al oficializar los resultados electorales y llamar a la segunda vuelta de elecciones.

Esta organización pide estricto apego al orden legal que prohíbe la suspensión de un partido después de una convocatoria a elecciones, con lo que considera que la ciudadanía ha hablado al mandar a llamar a segunda vuelta a Arévalo y Torres, uno de ellos ocuparía la silla presidencial a partir de enero del próximo año.

Entrada la noche se sumaron a la exigencia de “respeto al proceso” otras instancias del sector privado como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que pidió apego a la ley electoral.

También por separado la Cámara Guatemalteca de la Construcción y la Cámara del Agro publicaron sus pronunciamientos contra las acciones del Ministerio Público dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por "ataques a la institucionalidad democrática" del país.

Las gremiales exigen que “no sea perturbado el resultado electoral con actos o resoluciones que no están apegadas al derecho” ni al andamiaje jurídico del país.

También la Cámara de Comercio de Guatemala se pronunció este jueves para rechazar cualquier obstrucción judicial que evite la validez de los resultados electorales y la continuidad del proceso para elegir a una de las dos ternas que pasaron a la segunda vuelta.

“Esta cámara recuerda que no compete a los Tribunales Ordinarios inmiscuirse en facultades que son materia privativa del Tribunal Supremo Electoral”, apuntó al referirse a la situación que vive el país con acciones en proceso por parte del Ministerio Público en contra del Movimiento Semilla.

¿Qué organizaciones sociales dieron la señal de alerta?

Las organizaciones sociales de promoción de la democracia y defensa de derechos humanos empezaron a presionar desde la tarde del miércoles ante las evidentes “amenazas a la democracia” con la continua judicialización de las elecciones.

La Fundación Luis von Ahn expresó en un comunicado su profunda “preocupación por las amenazas a la democracia y al orden constitucional y las implicaciones que los últimos hechos pueden tener sobre el ejercicio de los derechos de los guatemaltecos”.

También la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) se alineó a la defensa de la institucionalidad del país con lo que llamó a respetar los resultados y que los guatemaltecos puedan acudir a las urnas el 20 de agosto informados para emitir el sufragio que decidirá quién gobernará el país los próximos cuatro años.

Esta entidad dijo que se “debe respetar el debido proceso y el Estado de derecho, por lo que pedimos a todas las autoridades que no se dejan llevar por presiones políticas o de ninguna índole que conlleve a que se debilite el Estado de derecho en nuestro país”.

A esos pronunciamientos se sumaron posturas como la Coalición de organizaciones contra la impunidad y la corrupción en Guatemala, ProJusticia con un rechazo tajante ante las acciones del Ministerio Público para sacar de la competencia electoral al Movimiento Semilla.

“Un juez y un fiscal emergen como los rostros visibles de las fuerzas oscuras que operan desde el sistema de justicia. Están haciendo intentos temerarios para impedir elecciones libres y democráticas. Quieren eliminar resultados y candidatos con acciones judiciales espurias”, denunció la coalición.

A esta se sumó el llamado del Movimiento Cívico Nacional para exigir “respeto al proceso electoral” y que prevalezca en el país “la jerarquía de la ley electoral” como garante para unas elecciones libres.

“Para hacer valer la voluntad popular y así garantizar una limpia y ordenada alternancia en del poder público” en la nación centroamericana que es observada con preocupación por la comunidad internacional ante los notables retrocesos democráticos.

¿Que han dicho los dos candidatos?

La candidata Sandra Torres, del Partido UNE, dijo este jueves en un comunicado difundido en sus redes sociales que las acciones legales de las últimas horas son “confusas, desconcertantes y dañinas” de cara a la recta final de las elecciones.

Torres logró el pase a la segunda ronda con el 15 % de apoyo en las urnas, un 10 % menos del porcentaje logrado en 2018 para disputarse la presidencia contra Alejandro Giammattei, cuando corrió hacia la final también en primera posición, pero lejos de más del 50 % requerido para ganar la contienda.

Por su parte el candidato Bernardo Arévalo de Semilla dijo que toda la operación dirigida por el Ministerio Público "no tiene sustento legal" al no existir competencia de un juez para cancelar a un partido político en medio del proceso eleccionario.

Su movimiento introdujo este jueves un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los intentos del juez y de la Fiscalía General para detener el proceso en el país que avanza cuesta arriba.

"Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer. La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada.

A medida transcurren las horas los guatemaltecos no tienen todavía certeza de si la situación se habría subsanado y si se cumplirá el calendario para acudir a las urnas el 20 de agosto y decidir quien asumirá las riendas del Ejecutivo de su país. Desde el exterior se sigue de cerca la situación.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.