El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el viernes una “reestructuración amplia” de la Cruz Roja en el país y el cese en sus cargos de sus directivos, así como la constitución de una junta reestructuradora ad-hoc.
La decisión se tomó por petición del fiscal general y ex gobernador Tarek William Saab, quien denunció “acosos y maltratos” al voluntariado y trabajadores de la asociación por su presidente, Mario Villarroel Lander, quien fue destituido.
La nueva junta, que será presidida por un ex líder empresarial y contará “con la participación de la sociedad venezolana”, estará vigente hasta que se resuelva "el mérito de la presente demanda” introducida por Saab, reza la sentencia divulgada la noche del viernes.
El fallo fue firmado por una magistrada de la Sala Constitucional que fue rectora principal del Consejo Nacional Electoral durante 13 años, Tania D’Amelio, a quien la oposición venezolana asocia con el chavismo.
Horas antes de conocerse la sentencia, el vicepresidente para América de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC), Miguel Villarroel, solicitó al presidente venezolano Nicolás Maduro no intervenir la organización.
Miguel Villarroel, quien es hijo de Mario Villarroel Lander, expresó “profunda preocupación” por la intervención del gobierno e inquietud por la posible violación de los Convenios de Ginebra firmados por el Estado venezolano, así como por el futuro de la labor humanitaria.
Ricardo Cusanno, ex presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras), que reúne a las entidades económicas gremiales privadas, fue facultado por el TSJ para coordinar la designación de los miembros de la junta.
El empresario deberá garantizar la continuidad del servicio que presta la Cruz Roja Venezolana, una organización privada y sin fines de lucro, y convocar elecciones internas para elegir a las autoridades de la institución mediante un proceso “participativo y democrático”.
Cussano deberá además adelantar una evaluación y reorganización interna para modernizar su estructura y funcionamiento por al menos un año, un período que podría prorrogarse, de acuerdo con la sentencia.
Cusanno aseguró que para garantizar un proceso “transparente y apegado a los principios humanitarios de la institución” solicitó el acompañamiento de organizaciones y sectores de la sociedad civil, así como de la Federación Internacional de la Cruz Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La nueva directiva la deben integrar “personas de alto reconocimiento de diversos sectores de la vida nacional”, según el fallo.
Se prevé la convocatoria a elecciones internas para elegir a las futuras autoridades de la Cruz Roja venezolana”mediante un proceso participativo y democrático”.
La sentencia deja entrever un “proceso penal” contra los directivos salientes e invita a su nuevo presidente a colaborar con el Ministerio Público en esa tarea.
La magistrada D’Amelio indicó que se debe garantizar la continuidad del servicio de la Cruz Roja y el respeto a sus trabajadores y voluntarios.
Denuncias de “acoso y maltrato”
El fiscal general Tarek William Saab anunció la semana pasada que el Ministerio Público actuaría para “investigar y sancionar” denuncias sobre presunto “acoso y maltrato” contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Venezolana.
De acuerdo a la sentencia del TSJ, Saab planteó una demanda por “protección de intereses difusos y colectivos” tras recibir denuncias de “intimidación, amenazas, coacción, acoso laboral, ocultamiento de hechos irregulares y supuestas violaciones al derecho al sufragio”.
En las últimas dos semanas, el parlamentario chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó a la Cruz Roja de “conspirar” contra el gobierno y dijo haber recibido denuncias de “actividad mafiosa” y presuntos vínculos de Villarroel Lander con un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Ya el tema de la Cruz Roja es un problema de Estado casi, porque por ahí bajan ayudas, ¿dónde llegan esas ayudas? ¿Alguien las ha visto? La Cruz Roja también tiene que cumplir la Constitución y las leyes y tiene que reconocer a Nicolás Maduro como presidente” del país, manifestó Cabello.
Villarroel Lander, un abogado de 75 años, estuvo 43 años al frente de la institución fundada en 1895, hasta la sentencia de este viernes.
Alarma entre defensores de DDHH
El anuncio de la intervención generó pronunciamientos de alarma entre defensores de DDHH y actores humanitarios.
Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, dijo que la decisión del TSJ de intervenir la Cruz Roja Venezolana “vulnera el derecho a la libre asociación al afectar su autonomía e independencia”.
“La sentencia del TSJ viola el derecho a la presunción de inocencia, pues toma medidas que son definitivas y que no se podrán retrotraer si resultara que la directiva nacional de la Cruz Roja fuera inocente de los delitos imputados”, dijo la asociación en Twitter.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las oenegés defensoras de DDHH más antiguas de Venezuela, dijo que se trata de “un precedente grave para el ejercicio de la libertad de asociación y reunión en el país”.
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