Durante los ocho meses que han transcurrido de este año, más de 330.000 personas han cruzado la selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica, a la frontera entre México y EEUU, según reveló el martes un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Este número es el más alto del que se ha tenido registro en un año, marcando un número sin precedentes de migrantes y refugiados que han cruzado el peligroso camino y vivido, según ACNUDH, “terribles abusos a los derechos humanos”.
Uno de cada cinco migrantes que cruzó la selva este año era un niño, quienes junto a las mujeres, las personas LGBTI y los discapacitados, están en un “riesgo particular”, según Marta Hurtado, portavoz de la organización.
Entre las violaciones registradas se encuentran asesinatos, desapariciones, tráfico, robo e intimidación por parte de grupos de crimen organizado.
El gobierno panameño ha sonado las alarmas sobre el ingreso masivo de migrantes a su territorio, asegurando que en un solo día llegan a cruzar hasta 2.800 personas.
Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá apuntó en declaraciones recientes que en años anteriores, “se manejaban cerca de 20.000 personas en un año”, una cifra que ahora se supera en un mes.
La ACNUDH detalló que una “limitada atención humanitaria” tanto en Panamá como en Costa Rica son un “factor que empeora las precarias condiciones de vida en los dos países y las vulnerabilidades” de los migrantes.
Según las autoridades, más de la mitad de los migrantes cruzando el Darién son venezolanos, un 14 % son haitianos y un mismo por ciento de Ecuador. Otros, según registros, cruzan desde Colombia y Perú o son hijos de haitianos nacidos en Chile o Brasil.
Sin embargo, también se han registrado migrantes de China, Afganistán y Nepal.
“ACNUDH llama a la comunidad internacional a fortalecer su apoyo a los Estados de las Américas para cerrar las brechas de protección y ayudar a abordar los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar sus hogares”, concluye el informe.
En EEUU, mientras tanto, las autoridades fronterizas han deportado a más de 200.000 personas que ingresaron de manera irregular al país desde mayo de 2023, cuando terminó el Título 42.
La Comisión de Seguridad Nacional del Senado de EEUU se aprestaba este miércoles a realizar una audiencia de seguimiento a las responsabilidades migratorias de la agencia después del fin de la autoridad sanitaria que permitía la expulsión rápida de ciertos migrantes.
Aumentan las solicitudes por miedo creíble
En la tarde del martes la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de EEUU desarrolló una audiencia para darle seguimiento a las responsabilidades migratorias de la agencia tras el fin del Título 42, la prerrogativa implementada durante la pandemia de COVID-19 que permitía la expulsión rápida de ciertos migrantes.
En su exposición, Andrew Davidson, quien funge como director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), informó que “el número de remisiones por miedo creíble a USCIS también ha aumentado considerablemente. Aproximadamente 35.000 detenidos”, aseveró.
Las personas llegan a Estados Unidos y solicitan asilo bajo el fundamento de “temor creíble” por persecución o tortura que deberá pedirlo ante un oficial o juez de Inmigración.
Davidson dijo que su entidad vio triplicado el número de solicitantes de asilo desde el inicio del Año Fiscal 2023 (1 de octubre de 2022) hasta la fecha del 11 de agosto, hasta llegar a 107.000 casos, y que solamente desde mayo que expiró el Título 42, 51.000 personas solicitaron ese beneficio para ser acogidos en EEUU.
Después de levantada la medida por las autoridades sanitarias, explicó Davidson, el Servicio de Ciudadanía ha tratado de enfrentar el alto número de casos con medidas como la ampliación de personal, de 283 puestos autorizados en 2013 a 1.128 para el año 2023.
También han apelado a la formación para que los funcionarios de asilo puedan procesar los casos de manera remota “desde cualquier lugar” del país y la creación de un grupo de funcionarios voluntarios que recibieron entrenamiento para hacer entrevistas y 275 de ellos concluían su formación el mismo día de celebrada la audiencia.
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