Desde 2019, más de 6.000 colegios públicos y oficiales han cerrado sus puertas en Colombia. Las razones son múltiples: deserción escolar, cambios migratorios —incluyendo tanto colombianos que dejan el país como migrantes venezolanos que llegan— y una transformación demográfica marcada por la baja fecundidad y el acelerado envejecimiento de la población, fenómenos que se acentuaron durante la pandemia de COVID-19.
Según datos del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en los últimos seis años, 6.263 instituciones de mayoría oficial dejaron de operar. Esta situación ha complicado el acceso a la educación, especialmente para los migrantes. “Mis nietos pasaron casi dos años sin estudiar tras llegar a Bogotá”, comparte Juanita González, una migrante venezolana que llegó hace cinco años con sus cuatro nietos a un suburbio de la capital. “La burocracia y la falta de información retrasaron su inscripción en colegios públicos”.
Colombia es ahora hogar de más de 2.845.000 migrantes venezolanos, y Bogotá, su capital, acoge cerca de 600.000 de ellos, según cifras de R4V. Aunque estos números representan retos para el sistema educativo, también señalan una oportunidad: la población migrante podría convertirse en un bono demográfico que fortalezca la fuerza laboral del país durante los próximos 15 años, según el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela.
¿Cómo afrontar esta crisis mientras se aprovechan las oportunidades que trae? En la Voz de América analizamos el impacto de estos cambios en la educación y la sociedad colombiana.
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