Claves del caso contra cinco líderes ambientalistas en El Salvador y su relación con la minería

Cinco líderes ambientalistas en El Salvador, conocidos como “Los 5 de Santa Marta”, fueron absueltos recientemente en un proceso judicial vinculado a un crimen ocurrido durante el conflicto armado que asoló el país centroamericano entre 1979 y 1992.

Antonio Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas estuvieron presos 21 meses, acusados por la Fiscalía General salvadoreña del secuestro y el asesinato en 1989 de María Inés Alvarenga, por supuestamente colaborar con militares durante lo más álgido del conflicto civil.

Según el fiscal general salvadoreño Rodolfo Delgado, los acusados fueron "excomandantes" guerrilleros durante la guerra, ligados al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un partido de izquierda que gobernó El Salvador durante 10 años después de la guerra.

Organizaciones sociales y activistas consideraron que la detención de los líderes en enero de 2023, con Nayib Bukele ya en la presidencia, se trató de una persecución por su activismo contra la minería, centrada en Cabañas, en el norte de el Salvador, el territorio donde se encuentra Santa Marta.

Esta zona fue asolada en su momento por la lucha entre guerrillas y militares, pero luego logró recuperarse y desde entonces se convirtió una comunidad altamente organizada, que logró incluso, formar una red de comunidades para iniciar una lucha antiminera, que concluyó en 2017 con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

Ese fue un hito mundial, pues El Salvador se convirtió en el primer país en prohibir en forma definitiva esta práctica, siendo Santa Marta, el epicentro del activismo contra la minería.

De esa mancomunidad surgió la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), una organización a la que pertenecen algunos de los acusados que han sido liberados, desempeñando labores, incluso de asesoría legal en temas de derechos humanos.

"Instrumentalización de la justicia"

“La acusación era solo una manipulación del sistema judicial para perseguir al activismo ambiental, y una instrumentalización de la justicia para criminalizar a defensores del agua que alertaban al país sobre los peligros de reactivar la minería”, señaló el martes la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), en un comunicado publicado tras la liberación de los ambientalistas.

Esta es la primera vez que un proceso de la guerra civil salvadoreña termina con una absolución, donde además, los señalados piden investigar a quienes los procesaron.

Los acusados, ya mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, han solicitado a la sección de Investigación Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que investiguen a los juzgados de paz y de instrucción en el país por no haber analizado el caso.

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"Los privados de libertad están sufriendo una serie de condiciones extremadamente inhumanas en abierta violación a la Ley Penitenciaria y al Derecho Internacional Humanitario”, dijo Antonio Pacheco, uno de los absueltos, en una conferencia de prensa.

Además, en 2023, un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su “temor” de que el caso fuera “un intento de intimidar a quienes buscan defender el medio ambiente en el país, y en especial a quienes defienden los derechos humanos frente a los impactos negativos de la minería”.

También, 185 académicos y abogados, y 13 organizaciones legales de 26 países enviaron una carta abierta al Fiscal General de la República de El Salvador, Rodolfo Delgado, para que "abandone inmediatamente el caso en contra de los Defensores del Agua salvadoreños”.

"A la falta de pruebas se ha sumado la falta de garantías procesales. La creciente evidencia sugiere que este caso contra los activistas antiminería de Santa Marta no es al azar", señalaron.

El gobierno de Bukele no ha respondido ante los señalamientos de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sobre la posible criminalización de los ambientalistas por su activismo antiminero.

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Sin embargo, a sus habitantes les llamó la atención cuando el gobierno salvadoreño envió el año pasado un fuerte contingente militar a la zona para supuestamente perseguir a miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

¿Por qué dicen ser perseguidos por su activismo?

Para organizaciones y activistas, el proceso contra "Los 5 de Santa Marta" tiene que ver con el aparente movimiento del gobierno a repensar la prohibición antiminera en el país.

En octubre de 2021, el Parlamento salvadoreño de mayoría oficialista, aprobó el proyecto de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para “la revisión y actualización de Minería y su reglamento”.

Además, ese mismo año El Salvador se convirtió en miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés), una entidad que apoya a los países comprometidos con el aprovechamiento de la minería para garantizar que esta actividad "apoye sus objetivos de desarrollo sostenible".

Dos hechos que no tienen sentido para los activistas contra la minería, pues esta práctica se prohíbe en El Salvador desde 2017. Entonces, comenzaron a organizarse en contra de la nueva Dirección y de la adhesión de El Salvador a este foro, pero no lograron masificar su activismo porque cinco de sus miembros fueron detenidos.

“Hay pruebas convincentes de que el presidente Bukele desea eliminar el voto unánime de 2017 en la legislatura salvadoreña para prohibir la minería, una medida que pondría en peligro el suministro de agua del país y violaría la voluntad pública”, concluyó un grupo de expertos estadounidenses y canadienses en un informe publicado en enero de 2024 por el Instituto de Estudios Políticos.

Para los analistas, hay dos razones por las que El Salvador podría revertir la prohibición minera: por un tema económico, siendo que es el país más endeudado de Centroamérica con el 87 % de su Producto Interno Bruto (PIB) comprometido, y por su relación con China.

China es un país que tiene importantes reservas de recursos minerales, y además “lidera la producción mundial de muchos de ellos”, según la Universidad de Navarra.

Aunque no hay una postura oficial al respecto, China se acerca cada vez más a América Latina, con su con su iniciativa de la Franja y la Ruta, un programa de inversión internacional para desarrollar proyectos de infraestructura, energía y minería en la región.

En El Salvador, China ha construido una biblioteca, un parque recreativo en la zona costera, y pronto construirá un estadio. Además de otros proyectos relacionados al tratamiento de aguas.

La Voz de América hizo una solicitud de comentarios al departamento de prensa internacional y pidió una entrevista con la titular de Economía, María Luisa Hayem, para esclarecer si El Salvador tiene la intención de reactivar la minería, pero al momento de la publicación no ha recibido respuesta.

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