La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en el proyecto de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual ha sido criticada por opositores y grupos de derechos humanos domésticos e internacionales.
Conocida popularmente como “Ley Putin”, el proyecto incluye acciones penales contra todo ciudadano que sea calificado como “agente extranjero” y que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras, o emprenda actividades que representen “una amenaza a la seguridad del Estado”.
La diputada liberal, Azucena Castillo, integrante de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, donde se discute el proyecto, explicó a la Voz de América que las acciones penales se extienden a las actividades que se tengan lugar fuera del país y que lo más preocupante es la abierta discrecionalidad que tendrá el gobierno para aplicar la ley.
“Hoy lo dejan muy claro, ahora queda claramente qué actividades en el exterior, cualquier actividad también entre partidos. Se trata de evitar cualquier tipo de oposición”, dijo Castillo.
Agregó que “han creado este tipo de herramientas extremadamente inspeccionables (y) están desnivelando el terreno de la competencia y creando una figura de competencia desleal política.
La ley tiene como objetivo “establecer el marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales y jurídicas, nacionales o de otra nacionalidad, que correspondiendo a los intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencias de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando con la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país”.
En el proyecto se explican excepciones de personas y organizaciones que no están obligadas a registrar sus recursos y actividades cuando provengan de financiamiento externo entre ellas.
“Organismos internacionales de carácter humanitario, así como las misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de cooperación y el personal de estas entidades debidamente acreditadas en Nicaragua conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas”.
Las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo las primeras obligadas a registrarse ante el Ministerio de Gobernación después de ser aprobada la ley por la Asamblea Nacional.
María Teresa Blandón, directora del Programa Feminista la Corriente, una organización social que trabaja en Nicaragua, dijo que las modificaciones hechas al proyecto de ley mantienen “inalterable la intención del régimen Ortega-Murillo de reforzar la censura y de impedir que circulen ideas críticas y otras alternativas de participación ciudadana”.
“Incluso las excepciones dejan intacta la posibilidad de que el Ministerio de Gobernación investigue e intervenga¨, advirtió.
La oposición nicaragüense ha presionado ante diversos foros internacionales como la Organización de Estados Americanos para que se declare ilegítimo al gobierno del presidente Daniel Ortega, por la represión que sostiene desde 2018 y utilizar las instituciones del Estado como herramientas para reprimir a la población.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez, defendió la iniciativa ante los medios oficiales, asegurando que se trata de proteger la soberanía del Estado.
“Lo que tienen que hacer es inscribirse ante la dependencia del Ministerio de Gobernación que se va a crear por ministerio de la ley para poder desarrollar dentro del marco de la ley su función, siempre y cuando sea un interés lícito y legítimo, porque la injerencia de gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras, organismos no gubernamentales extranjeros o cualquier entidad personas jurídica o extranjera en asuntos de políticas internas de Nicaragua es ilegal”, expresó Gutiérrez.
La propuesta de los diputados sandinistas pasará a discusión en el plenario de la Asamblea Nacional para ser aprobada, lo que sucedería esta misma semana.
