Una de las vías más importantes para frenar la migración hacia Estados Unidos desde Centroamérica es el acuerdo comercial DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos), indicaron analistas en economía regional consultados por la Voz de América.
El DR-CAFTA es el acuerdo comercial más importante entre Estados Unidos y la región centroamericana desde hace 16 años. Ha propiciado una zona de libre comercio para la exportación de productos sin aranceles o con aranceles más bajos. Ha estimulado la producción y el empleo y ha elevado las exportaciones en países como Costa Rica y Guatemala, y muy levemente en el resto de países centroamericanos.
Desde 2005 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana tienen privilegios específicos para entrar al mercado estadounidense. Pero no todos los países han visto crecer sus exportaciones hacia Estados Unidos, según los datos sobre exportaciones e importaciones de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
El economista sénior Pedro Argumedo, investigador en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), considera que el mayor tropiezo que ha tenido Centroamérica para el despegue del DR-CAFTA ha sido que no todos los países centroamericanos tienen la capacidad de exportar la lista de productos privilegiados en el acuerdo.
Nicaragua, Honduras y El Salvador han sido los países con la tasa más baja de exportación. Esto coincide con que de Honduras, El Salvador y Guatemala provienen al menos 11 millones de personas radicadas en Estados Unidos.
“El DR-CAFTA es la herramienta y los países necesitan aumentar su producción y crecer. Pero para producir un bien o dar un servicio se necesita una persona. Esa persona obtiene un empleo y cuando obtiene un empleo obtiene un ingreso y entonces encuentra la forma de vivir en su país (...) La rueda ya funciona, pero lo que le falta a los gobiernos es un poco de luz para darle velocidad a esa rueda”, expresa Argumedo.
Lo que podría dar esa luz a los países de la región es el “Plan Biden para fortalecer la seguridad y la Prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica”, considera Napoleón Campos, experto en relaciones internacionales, política exterior e integración centroamericana, quien cree que no hay otro plan que integre lo económico y lo migratorio.
“La forma más efectiva y sostenible de reducir la migración desde el Triángulo Norte es abordar de manera integral sus causas fundamentales” y una de las vías que plantea es “la prosperidad económica a través de la reducción de la pobreza y los programas de integración regional”, reza el documento, que a su vez detalla una inversión de 4.000 millones de dólares para la región centroamericana en los próximos cuatro años.
La vía más sólida para Campos es que dicha inversión se una con el DR-CAFTA, pues el Plan Biden abarca un objetivo del viejo acuerdo comercial y es el crecimiento del empleo a fin de “frenar la migración irregular”.
Para cumplir este objetivo, el Plan incluye a los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la inversión extranjera. Asimismo, expresa que para maximizar los intercambios comerciales bajo el DR-CAFTA es necesario que los países cumplan con los compromisos acordados en el acuerdo. Algunos de estos son la sana competencia y el aprovechamiento de las ventajas que ofrece el acuerdo.
Pero, ¿ha ocurrido esto?
En mayor y menor medida el acuerdo entre Centroamérica y Estados Unidos sí ha contribuido al desarrollo económico y social de los países firmantes, opina la economista salvadoreña Erica Hernández. Esto debido a que le ha permitido a países con economías en desarrollo entrar a un mercado más amplio como lo es el mercado estadounidense.
Pero son Nicaragua, Honduras y El Salvador los países que han tenido las mayores dificultades para entrar a este mercado. Al mismo tiempo estos son los países con los más altos niveles de violencia de la región centroamericana.
Honduras ocupa el primer lugar con la tasa más alta de violencia homicida en la región con 37,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le sigue El Salvador con una tasa de 19,5 homicidios, pese a la baja del 42 % en los homicidios entre 2019 y 2020.
Y luego está Guatemala, con una tasa de 15,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto según datos del Proyecto Regional InfoSegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Un país con oportunidades de desarrollo comercial puede propiciar cambios importantes en materia económica, de seguridad y migración. Por lo que habría que preguntarse, ¿tendrá Biden un tratamiento especial para los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) que no han potenciado el acuerdo como deberían?”, pregunta Erica Hernández. Algo que la analista política de 1World, Sophia Cortéz, tiene claro. “La política exterior de la administración Biden-Harris es a nivel de hemisferio. Los cambios para Centroamérica serán los cambios para Latinoamérica”.
Cortez también visualiza que la política migratoria de Biden hacia Centroamérica, se centrará en los países del Triángulo Norte, debido a que "están dentro de los 11 millones de inmigrantes que buscan la regularización de su estatus" y desde dónde hay un mayor flujo migratorio hacia EE.UU.
Además la analista cree que de los tres países que conforman el Triángulo Norte, El Salvador es el que tiene más posibilidad de "sacar una mayor asignación" del plan que Biden tiene para Centroamérica. Cortéz asegura que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ya se encuentra realizando un "un control de daños", y como parte de éste ya ha contratado en Washington empresas que se encarguen de realizar un "lobbying (cabildeo) político para poder promover la inversión en el área".
La migración detrás
Mientras el nuevo gobierno de Estados Unidos podría buscar una salida económica a la migración irregular, El Salvador, uno de los países centroamericanos con altos índices de migración, se mantiene a la espera de que acuerdos como el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) sea revertido por la administración Biden-Harris.
El acuerdo obliga al gobierno salvadoreño a recibir migrantes solicitantes de asilo. Esto mientras las organizaciones de Derechos Humanos advierten que el país centroamericano, al igual que Guatemala y Honduras que firmaron acuerdos similares con la administración de Donald Trump, no tienen la capacidad de convertirse en un “Tercer país seguro” para los migrantes.
Entre enero y noviembre del año pasado, 87.730 personas fueron retornadas a los países del Triángulo Norte. El 47.1 % fue retornada desde Estados Unidos y el 52.3 % desde México. Aún así estos países se preparan para recibir no solo a sus migrantes sino a solicitantes de asilo de otras nacionalidades.