En plena crisis económica y sanitaria, el gobierno del presidente Daniel Ortega cobrará 150 dólares para hacer la prueba de COVID-19 a los ciudadanos que pretendan salir de Nicaragua.
Las pruebas de COVID-19 se hacen solamente en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, en Managua. Los laboratorios y hospitales privados aún no tienen autorización para hacer test, pese a que lo han reiterado la solicitud para ello.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de otorgar los permisos, pero no han recibido respuesta hasta la fecha.
Aguerri señaló que el gobierno compró recientemente 100.000 pruebas PCR (Prueba de proteína Creactiva para detectar el COVID-19), las cuales han sido manejadas de forma discrecional, pues no se rinden informes de cuántas pruebas hacen en todo el país.
"En una situación económica en caída, con desempleo al alza e ingresos reduciéndose, va a ser muy difícil para los viajeros poder pagar este nuevo ‘impuesto de salida’", expresó Aguerri.
"En la región centroamericana, hasta hoy, estos exámenes en el sector público son gratuitos", criticó el representante de la patronal nicaragüense.
Agregó que la medida del Ministerio de Salud evidencia la prioridad recaudatoria que tiene la administración sandinista por encima “de cualquier costo”.
Además del cobro por las pruebas de COVID-19, las autoridades sanitarias impusieron un precio de 30 dólares por vacunarse contra fiebre amarilla, una vacuna que por años ha sido gratuita en el país.
“Medida es recaudatoria”
La diputada opositora y médico Melba Martínez criticó la medida en plena pandemia y aseguró que el gobierno prioriza la economía por encima de todo.
“Es un cobro exorbitante, sobre todo en Nicaragua donde la situación está difícil económicamente. Es absurdo. El gobierno debería facilitar esas pruebas”, dijo Martínez.
Para ella, “lo que estamos viendo del gobierno es una medida recaudatoria para seguir recaudando más fondos para poder seguir mejorando su situación económica, que sabemos que están en mala situación”.
El doctor Eddy Valverde, representante de la Unidad Médica Nicaragüense, concuerda con la opinión de la legisladora y añade que las 100.000 pruebas adquiridas fueron compradas con el mismo presupuesto nacional, es decir de los impuestos de la ciudadanía.
“No olvidemos que a Nicaragua se le donaron más de 26.000 y luego se compraron más de 100.000 pruebas con el dinero del pueblo nicaragüense. No deberíamos estar pagando dos veces por eso”, dijo. “Es totalmente inmoral”.
Oficialismo no responde
La Voz de América consultó sin éxito a varios legisladores oficialistas sobre las medidas impuestas por el Ministerio de Salud.
“Ese es un tema del cual no estamos hablando en este momento y yo no soy experto en temas de salud. Le suplico que le consulte a alguien que sí sabe sobre el tema”, dijo el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Por su parte, Carlos Emilio López, también representante del partido oficialista y presidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez, y Familia del Parlamento Nacional, declinó responder sobre el asunto e insistió en que muchos servicios siguen siendo gratuitos en el país.
“Nicaragua cuenta con una red de 77 hospitales públicos. Somos el país de América Central con mayor cantidad de hospitales públicos. En estos 13 años del gobierno de reconciliación se ha ampliado, rehabilitado y dotado varios hospitales”, dijo López a la VOA.
El gobierno de Nicaragua no ha dado una explicación oficial sobre la razones para comenzar a cobrar las pruebas de COVID-19 y de fiebre amarilla. Sin embargo, durante la última intervención pública, Ortega destacó que, durante su gestión ha reforzado el sistema sanitario con la construcción de hospitales, centros de salud y la contratación de médicos.
