El senador Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y su colega, también demócrata, Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones, instaron a la administración del presidente Joe Biden a utilizar su poder para coordinar con los organismos multilaterales y demostrar al gobierno salvadoreño que el apoyo financiero está supeditado al respeto a la institucionalidad democrática.
La reacciones de los legisladores estadounidenses que lideran las instancias donde se ventilan los asuntos internacionales y de presupuestos, reaccionan así ante lo que consideran una “emboscada autocrática” de parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele ,y la Asamblea Legislativa en contra del principio fundamental de respeto hacia la separación de poderes.
“Instamos a la administración Biden a que se comprometa a coordinar con el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales para dejar claro que el apoyo financiero de Estados Unidos hacia el gobierno de Bukele debe depender del respeto por la democracia, la independencia judicial y el imperio de la ley en el país”, reza el comunicado conjunto de los senadores emitido al final de la jornada del lunes.
Las reacciones del aparato de gobierno de Estados Unidos han surgido paulatinamente desde el domingo, luego de que en la sesión de instalación de la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña -con amplia mayoría oficialista- el pleno destituyera a los magistrados titulares de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y más tarde al fiscal general de la república.
Actos considerados fuera del debido proceso y de los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que ha instalado un observatorio en el país centroamericano para monitorear la situación en materia de derechos fundamentales.
Las reacciones en contra del gobierno salvadoreño han surtido un efecto de cascada desde organizaciones y países democráticos en diferentes latitudes que piden revertir tales acciones y restaurar el estado de derecho.
Los senadores Menéndez y Leahy, llaman también a los diputados salvadoreños a revocar de inmediato “este abuso de poder antidemocrático para así evitar cualquier debilitamiento de nuestras relaciones bilaterales durante este momento de tanta consecuencia para la región”.
Los legisladores señalan que Estados Unidos está trabajando para fortalecer el trabajo de abordar el combate a la violencia, la pobreza y otros factores que impulsan la migración forzada desde el Triángulo Norte de Centroamérica hacia la potencia del norte.
Y para encaminar esas acciones, que supone una dotación de 4.000 millones de dólares para invertirlos en Guatemala, Honduras y El Salvador, se vuelve imperativo trabajar para “sostener la gobernanza democrática y evitar aún más inestabilidad en la región. Un sistema judicial totalmente independiente es indispensable para ese esfuerzo”, recuerdan los legisladores federales.
Los senadores también señalan que las acciones violan claramente el espíritu de la Carta Democrática Interamericana regida por la Organización de los Estados Americanos, OEA, instancia que reaccionó el domingo por medio de su secretario general Luis Almagro, que llamó al país a re-encarrilarse a la senda democrática.
Los jueces salvadoreños piden apoyo internacional
Desde El Salvador la Asociación de Jueces ha considerado como “un golpe al sistema de separación de poderes" y dicen que las acciones tomadas conllevarán graves consecuencias para el país, llamando a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos a que “tomen todas las acciones necesarias que permite el Derecho Internacional para revertir la situación”, según consignan medios de comunicación locales.
También denuncian que tras las sucesivas renuncias de los funcionarios titulares –después de la destitución ilegal-, las que han surtido efecto porque hay una campaña de hostigamiento desde el gobierno central con patrullas policiales instaladas fuera de las viviendas de los jueces bajo “amenazas de captura y procesamiento dados a conocer en las redes sociales afines al Órgano Ejecutivo”, señalan los jueces salvadoreños en su parte hecho público la tarde del lunes.
Desde el gobierno de Nayib Bukele no ha habido ninguna disposición a dar marcha atrás a las acciones “antidemocráticas” señaladas por los observadores nacionales e internacionales.
Más bien el presidente salvadoreño ha puesto más leña al fuego con sus declaraciones a través de las redes sociales desde donde emite órdenes, y ha dicho que está muy orgulloso por las acciones tomadas por su bancada legislativa y dice que el país tiene un gran futuro con sus diputados.
Sus miles de seguidores en redes sociales hacen coro a los tuits del joven mandatario que arrasó en las elecciones legislativas y municipales del 9 de febrero pasado, a poco más de un año de haber asumido la primera magistratura del Estado, proponiéndose como una figura antipartidos políticos tradicionales.
La competencia electoral, según han señalado analistas salvadoreños, como el académico Salvador Samayoa, firmante de la paz en 1992, se jugó en terreno “desigual” por las superlativas sumas en propaganda utilizadas desde el gobierno central para que la población emitiera el voto por el mandatario, aunado al desgaste y la falta de fondos de la oposición para hacer campaña en terreno igualado con el ejecutivo que ahora controla todos los poderes de estado.
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