El Senado de Chile inició el martes el procedimiento final de un juicio político al presidente Sebastián Piñera, iniciado por la oposición de centroizquierda, que busca removerlo porque supuestamente favoreció la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno.
La crucial sesión tiene lugar a sólo cinco días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir un presidente para el período 2022-2026, cuyo ganador recibirá el mando el 11 de marzo de 2022, de Piñera o de su sucesor, si es destituido.
Para que Piñera sea removido se necesitan 29 de los 43 votos del Senado. La oposición tiene 24 sufragios y los cinco que le faltan deberían provenir de legisladores oficialistas, lo que sería difícil.
La sesión comenzó con un breve relato de la causa por parte del secretario del Senado, Raúl Guzmán, y siguió con la intervención de tres diputados acusadores sobre los fundamentos que llevaron a la Cámara de Diputados a admitir el juicio por 78 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones.
Más tarde los senadores escucharán a otros dos diputados acusadores, a la defensa del mandatario y sucesivas réplicas de los expositores.
“Estamos hablando de corrupción” del mandatario, dijo la diputada Gael Yeomans, quien agregó que Piñera favoreció la venta de una propiedad familiar pactada en un paraíso fiscal para eludir impuestos, lo que “va en contra del principio de probidad de la constitución”.
Su colega Leonardo Soto dijo a los senadores que “deberán elegir de qué lado están... de quiénes aceptan la corrupción” o están contra ella” y Gabriel Silber concluyó que el atropello a la probidad “ha dañado gravemente a muchas democracias en nuestra región y ha hecho caer gobiernos”.
Los cargos contra el mandatario son “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación” y se someterán a votación por separado.
Por la tarde, los legisladores tendrán 15 minutos cada uno para fundamentar su voto, lo que extendería la sesión hasta la madrugada del miércoles. Cuando los diputados admitieron la acusación, sesionaron durante 22 horas.
Piñera sigue en funciones tras la admisión del juicio político y sólo tiene prohibido salir de Chile a la espera de la decisión del Senado. Si es destituido, el Congreso elegirá a su sucesor entre cualquier ciudadano que deberá completar su mandato.
La acusación fue presentada por 16 diputados opositores después de conocerse los llamados Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional sobre negociados en paraísos fiscales que incluían un contrato de diciembre de 2010 sobre la venta de un negocio minero y portuario de sus hijos que condicionaba uno de los pagos a que en la zona en que se instalaría la empresa no fuera declarada de exclusión, parque o reserva nacional.
Cuatro meses antes Piñera reubicó una termoeléctrica que se levantaría en el mismo lugar.
El mandatario afirma que conoció el negocio tras concluir su primer mandato, en 2014, que los hechos por los que fue acusado están prescritos y que una investigación judicial sobre las gestiones de sus empresas lo sobreseyó en 2017. La constitución establece que un gobernante puede ser enjuiciado políticamente durante su gestión y hasta seis meses después de concluido su mandato.
Este es el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato (2018-2022). El primero fue a fines de 2019, cuando fue acusado de violaciones a los derechos humanos durante la represión policial de masivas protestas, la que no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados.
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