El programa DACA que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes debió llegar a su fin este lunes, pero decisiones judiciales han obligado al gobierno del presidente Donald Trump a seguir emitiendo renovaciones, con lo que disminuye la sensación de urgencia por hallar una solución definitiva.
Trump anunció en septiembre que pondría fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus iniciales en inglés), pero le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para encontrar una solución legislativa. Las personas cuyos permisos expiraban el 5 de marzo tenían un mes para solicitar una renovación.
Un interdicto a nivel nacional emitido en enero por el juez federal de distrito William Alsup, en San Francisco, obliga al gobierno a retomar las renovaciones, pero no es aplicable para quienes intentan inscribirse por primera ocasión.
Aquí video en vivo de la protesta en la capital estadounidense.
Desde 2012
El presidente Barack Obama lanzó el DACA en junio de 2012 a través de un decreto, otorgándoles permisos renovables de residencia y trabajo a cientos de miles de personas que ingresaron ilegalmente al país durante su infancia.
Para poder inscribirse, era necesario que los beneficiarios hubieran llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, tener menos de 31 años antes de junio de 2012, haber completado la escuela secundaria o haber servido en el ejército, y no contar con antecedentes penales.
Casi 683.000 personas se inscribieron antes de finalizar enero, y ocho de cada 10 provenían de México.
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Injustificable cancelación
Alsup falló el 9 de enero que el gobierno no pudo justificar la cancelación del programa y que los demandantes — los estados de California, Maine, Maryland y Minnesota, así como la Universidad de California — tenían una buena oportunidad de ganar el juicio. Su interdicto nacional requería que el gobierno comenzara a aceptar las solicitudes de renovación en un plazo de una semana.
Posteriormente, el juez federal Nicholas G. Garaufis en Nueva York emitió un fallo similar.
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito aceleró su revisión a la decisión de Alsup, pero los expertos legales no prevén que se emita una decisión antes de junio. Una vez que eso ocurra, se prevé que el caso pase a la Corte Suprema, lo que posiblemente mantenga al DACA en funciones hasta las elecciones legislativas de noviembre.
Plazo fatal
Con sus interdictos, las cortes hicieron que se perdiera gran parte del sentido de urgencia, pero los beneficiarios del DACA cuyas solicitudes están pendientes corren el riesgo de ser deportados hasta que se les concedan sus peticiones.
El ex secretario de Seguridad Nacional John Kelly, actualmente jefe de despacho de Trump, canceló el año pasado la política del gobierno de Obama de limitar las deportaciones a las personas que representen una amenaza para la seguridad pública, a los criminales convictos y a quienes cruzaron recientemente la frontera, por lo que todo aquel que está ilegalmente en el país quedó vulnerable. Los arrestos con fines de deportación se han incrementado en más de un 40% durante el gobierno de Trump.
Hay más de 14.000 personas con permisos vencidos que solicitaron su renovación, pero que no la habían recibido al finalizar enero. También hay casi 22.000 individuos sobre los que no se ha emitido una decisión en torno a su solicitud inicial.
Los defensores del DACA utilizan el plazo del lunes para intensificar la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para que haya una protección permanente. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo el domingo que lanzó “varios espacios publicitarios con costos de al menos 100.000 dólares” junto a organizaciones activistas como United We Dream y MoveOn.org, enfocándose en Trump.
El Congreso
En enero, el presidente propuso otorgar un mecanismo hacia la naturalización a 1,8 millones de inmigrantes como parte de un paquete de reformas migratorias que incluía 25.000 millones de dólares para la construcción de un muro y otras medidas de seguridad fronteriza, además de fuertes recortes a la migración legal. El Senado rechazó el plan.
Activistas migratorios y sus aliados en el Congreso quieren una propuesta más limitada que proteja a los beneficiarios del DACA, posiblemente en combinación con medidas limitadas en la vigilancia fronteriza, pero el gobierno se resiste. Trump ha culpado en repetidas ocasiones a los demócratas por el estancamiento, mientras que éstos aseguran que el presidente creó el problema al cancelar el DACA.
El Congreso debe aprobar una propuesta de gastos antes del 23 de marzo a fin de mantener al gobierno funcionando, lo que les da a los demócratas la oportunidad de condicionar el respaldo a un plan que incluya una solución al DACA. Los demócratas forzaron un cierre parcial de funciones del gobierno en enero pasado con ese mismo objetivo, pero cedieron tan solo tres días después.
Stephen W. Yale-Loehr, profesor de derecho de la Universidad Cornell, dice que el rechazo de la Corte Suprema a intervenir “coloca nuevamente al programa DACA en las manos del Congreso”.
