Documentos internos del Departamento de Estado revelan que funcionarios de alto rango de esa dependencia y embajadores alertaron al gobierno del presidente Donald Trump sobre las consecuencias negativas que tendría acabar con el Estatus de Protección Temporal a más de 400.000 migrantes de El Salvador, Honduras y Haití.
El gobierno de Trump, no obstante, tomó la decisión de terminar con el programa y, según los documentos, tuvo en cuenta la fecha de las elecciones presidenciales de 2020 a la hora de decidir los plazos en los que los migrantes deberían volver a sus países.
La medida fue desafiada con varias demandas en cortes federales, las cuales llevaron a la administración a extender el beneficio migratorio hasta el año 2021. El TPS es un programa que permite a los ciudadanos de países que han pasado por desastres naturales o guerras civiles trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos.
Según los documentos, publicados el jueves en un informe encargado por la minoría demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, los embajadores de EE.UU. en Haití, Honduras y El Salvador pidieron al gobierno de Trump y al entonces secretario de Estado Rex Tillerson, no terminar con el programa ya que hacerlo desestabilizaría la región y podría perjudicar la relación con los gobierno latinoamericanos.
“Acabar con el TPS socavaría los esfuerzos [de EE.UU. y El Salvador] en una serie de asuntos de preocupación mutua y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, como MS-13”, escribió la entonces embajadora de EE.UU. en San Salvador, Jean Elizabeth Manes en un cable diplomático a Washington en julio del 2017.
En un memo con recomendaciones sobre la política del TPS, fechado en octubre del 2017, el Departamento de Estado recomendó que si se decidía acabar con el programa, el gobierno debería dar un plazo de 36 meses para que los migrantes vuelvan a su país.
Sin embargo, en un documento dirigido a Tillerson, el entonces secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, recomendó a diplomático reducir el plazo a 24 meses porque un periodo de tiempo mayor “pondría el término del programa directamente en medio del ciclo electoral del 2020”.
Tillerson, sobre ese mismo memo, acortó el plazo todavía más y escribió con un bolígrafo negro “18 meses”.
Otro funcionario de alto rango en ese momento, el entonces secretario para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Thomas Shannon fue aún más tajante en su recomendación sobre el TPS.
“Desde mi punto de vista el consejo es obvio: extender el TPS para los países indicados”, escribió Shannon en un memo dirigido a Tillerson.
Shannon dijo que una decisión de acabar con el beneficio migratorio socavaría el propósito a largo plazo de EE.UU. de colaboración con los países en temas migratorios y de “fortalecimiento de la frontera, atacar a las organizaciones traficantes y mejorar la capacidad de repatriación.
Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Seguridad Nacional, este último el que anunció la medida hace más de un año, han defendido la decisión de devolver a los casi medio millón de migrantes a su país de origen argumentando que se trata de un programa que estaba destinado a ser temporal.
“El TPS no debería llevar a un estatus legal permanente en EE.UU. y debe terminar si las condiciones que llevaron a concederlo terminan”, dijo el director interino de lo Servicios de Ciudadanía e Inmigración a la Voz de América en un email.
“Anular la autoridad del ejecutivo para otorgar o negar a los extranjeros estadías prolongadas en el país es una violación descarada de la separación de poderes por parte de los jueces”, agregó Ken Cuccinelli.
El informe en el que se incluyen los memos fue presentado por el senador Bob Menéndez, el legislador de más antigüedad en el comité del Senado.
El reporte demuestra un “uso de la política exterior no para el interés de EE.UU. sino para los objetivos políticos del presidente”, dijo el legislador el jueves en la presentación del informe.
