El oficio de informar sobre situaciones ambientales comprometedoras en Venezuela sigue siendo “una asignatura pendiente” y riesgosa, aunque necesaria, en un contexto de censuras y trabas para el ejercicio del periodismo, de acuerdo con expertos en comunicación y activistas que promueven la preservación del ecosistema en el país.
Derrames petroleros, los efectos de la explotación minera y la contaminación de lagos han sido algunos de los temas recurrentes en el último año en los cada vez más restringidos espacios informativos que tiene el país suramericano.
Uno de los casos de mayor interés tuvo lugar en el occidente venezolano.
Múltiples medios de comunicación de Venezuela y extranjeros, entre ellos la Voz de América, publicaron en junio reportajes sobre la masiva acumulación de cianobacterias de color verde, conocidas como “el verdín”, en las costas del Lago de Maracaibo, un estuario que se extiende por 13.000 kilómetros cuadrados cerca de la frontera con Colombia.
La presencia del verdor coronaba una contaminación cada vez más agravada de residuos petrolizados y todo tipo de desechos en ese lago, que los ambientalistas consideraban “una bomba de tiempo” que atentaba contra la biodiversidad de sus aguas.
Dos semanas después, el gobierno de Nicolás Maduro anunció un plan de “acciones inmediatas” junto a expertos para contestar a la situación ambiental y “cíclica” del lago marabino, con acento en la presencia excesiva de esa microalga bacteriana verdosa.
El plan incluyó la creación de una comisión de ministerios e instituciones públicas, académicos de la Universidad del Zulia y delegados de la estatal petrolera PDVSA.
El monitoreo ambiental y la creación de normas legales para regular los valores de concentración de materia orgánica y nutrientes en el lago, así como la fiscalización de industrias que operan en su cuenca y la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales y domesticas, formaron parte del plan del ejecutivo madurista.
Esas medidas no hubieran ocurrido sin las advertencias de la prensa sobre el estado del Lago de Maracaibo, de acuerdo con el doctor en ingeniería ambiental y profesor de la Universidad del Zulia, Gustavo Morillo.
“Ha sido a través del periodismo que la colectividad ha podido tener la noticia y conocer el tema. La noticia y su seguimiento fueron un factor que presionó mucho al gobierno nacional para actuar”, comentó en entrevista con la VOA.
No siempre las publicaciones noticiosas sobre ese tipo de casos tienen el impacto esperado, sin embargo, y no pocas veces se dificulta reportarlas debido a la multiplicidad de desafíos que encara la prensa local en Venezuela, explica el periodista, investigador, escritor y director fundador de la asociación civil Medianálisis, Andrés Cañizález.
La tarea de informar sobre asuntos ambientales suele ser “inaccesible” y “prácticamente nula” por costos, riesgos de seguridad, lejanía geográfica y trabas estatales, precisa.
“Sigue siendo un gran desafío y un riesgo”, comenta a la Voz de América Cañizález, un académico venezolano incluido hace 2 años en la lista de los 10.000 investigadores con mayor impacto en el mundo de la World Scientist and University Rankings.
Derechos en el aire
Las leyes venezolanas reivindican los derechos individuales a un ambiente “seguro, sano y ecológicamente equilibrado”, así como a informarse sobre el ambiente con el Estado como “garante” de ese ejercicio y de la “confiabilidad” y difusión de ese tipo de noticias.
Esos derechos se ven truncados en el oficio periodístico, advierte el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización defensora de la libertad de prensa.
Según uno de sus reportajes sobre información ambiental, publicado en 2020, los periodistas venezolanos suelen toparse con múltiples obstáculos, como la ausencia de datos oficiales actualizados; los altos costos para viajar a zonas aisladas; las fallas en servicios de telecomunicaciones de sectores rurales; el temor o recelo de las comunidades para declarar; la falta de respuesta de autoridades del Estado y la delincuencia.
En general, el ecosistema de medios venezolanos se ha reducido “al mínimo” por “el cierre sistemático” de decenas de emisoras de radio y programas de opinión, la “desaparición práctica” de la prensa escrita y la “censura como norma”, advirtió en marzo el principal gremio, el Colegio Nacional de Periodistas, con 25.000 afiliados.
Expertos consideran que el clima de libertad de los medios es cada vez más precario en Venezuela, una preocupación compartida por organizaciones internacionales.
ONG locales, como Espacio Público, han certificado el cierre de 280 emisoras de radio, mientras sólo existen unos 20 periódicos impresos y los canales de televisión no suelen informar sobre temas política o socialmente sensibles.
Otro de los retos documentados del periodismo venezolano es el bloqueo oficial al acceso a páginas en Internet de 51 medios informativos.
Presión de la prensa, reacción oficial
En el caso del Lago de Maracaibo, académicos como el profesor Gustavo Morillo estiman que las instituciones públicas “se vieron en la necesidad de tomar cartas en el asunto” ante la “presión” de la opinión pública.
Sin embargo, todavía queda “mucho que hacer” en un espacio tradicionalmente afectado por situaciones contaminantes, entre ellas derrames petroleros o vertido de plaguicidas y fertilizantes agrícolas, que nacen no sólo del estado Zulia, sino de regiones aledañas, como Mérida, Trujillo, Táchira, Lara y Falcón, considera el especialista ambiental.
Da fe además de que la comisión de alto nivel creada en junio pasado “sigue trabajando” y el trabajo prometido se evidencia hasta en la infraestructura de instituciones como el ICLAM, cuyo norte es conversar el Lago de Maracaibo.
“Se instaló el Observatorio para monitoreo del cambio climático. En el Centro de Investigación del Agua se están haciendo muestreos. Voy a trabajar en imágenes de satélite para hacer monitoreo. Sí se está trabajando”, aseguró.
Morillo acota, no obstante, que los resultados de esas labores no serán “inmediatos” y se verán “en un largo tiempo”.
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