El plan de reelección de Nayib Bukele para un segundo período, prohibido por la Constitución de El Salvador, pero avalado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instalada el primero de mayo –luego de destituir fuera del marco legal a los titulares del Supremo- ha generado el total rechazo de Estados Unidos, que adelanta que tomará medidas.
La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo luego de conocerse el fallo el fin de semana que Washington -principal socio estratégico de El Salvador- se opone a la decisión tomada, y que esta semana habrá reuniones de alto nivel para discutir la situación.
Manes dijo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado están recibiendo información pormenorizada desde el país centroamericano y que es claro que se vislumbra un proceso de evaluación de El Salvador, sumado a las preocupaciones mostradas en los últimos meses por la comunidad internacional ante el retroceso democrático del país.
“Vamos a tener reuniones en la semana que viene, pero claramente hay un impacto inmediato, cada día estamos tratando de atraer buena inversión a este país y eso es parte de la estrategia de la administración Biden–Harris para la región, pero si su sistema judicial no está funcionando de alguna forma tiene impacto inmediato”, dijo la encargada de Negocios.
Por su parte el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien sirvió como mediador en el proceso de paz que puso fin a la guerra civil (1980–1992) dijo este domingo que la democracia del país centroamericano “está en cuidados intensivos y en etapa terminal”, sino se la rescata a tiempo.
El purpurado llamó a la comunidad internacional a auxiliar a El Salvador como lo hizo durante los cruentos años del conflicto bélico que dejó al menos 80.000 muertos, y sobre todo para el proceso de pacificación y democratización del país.
“El mundo nos acompañó para el proceso de paz y ahora nos acompañará en un proceso de rescatar la democracia, la auténtica democracia”, explicó el jerarca en la acostumbrada rueda de prensa dominical.
Desde la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), una organización en Washington que por muchos años ha cooperado con el país centroamericano para fortalecer el estado de derecho y sobre todo para reforzar la aplicación de la justicia, condena el desmantelamiento de la institucionalidad de El Salvador.
La directora ejecutiva de DPLF, Katya Salazar ve que la sumisión del aparato de justicia a la orden del ejecutivo de Nayib, Bukele, que comenzó con la remoción de magistrados del Constitucional y ha seguido de manera progresiva , es de grave repercusiones.
La reforma judicial impulsada por la bancada del presidente Bukele para retirar de manera forzada a unos 156 jueces y magistrados de 60 años y 30 de servicio es otro grave atropello, señaló la organización en Washington, como lo han hecho también otros observadores de la región.
“Desde que inició su mandato, el presidente Bukele ha mostrado un desprecio por las reglas del estado de derecho, la destitución de jueces es la estocada final. El ánimo de controlar las instituciones lo ha llevado a tomar medidas que tarde o temprano serán revertidas, porque violan el derecho internacional. comentó Katya Salazar a la Voz de América.
En esa línea la Encargada de Negocios Jean Manes dijo que para Estados Unidos es claro que la remoción de los jueces con la reforma judicial aprobada por la bancada oficialista es sólo para llenar esas plazas cuanto antes con seguidores del mandatario.
La sombra venezolana que se alarga
Una a una las medidas tomadas por el Ejecutivo de Nayib Bukele, ha contado con el respaldo de la Asamblea Legislativa controlada con mayoría absoluta y que se promueven como “cambios democráticos”, pero que a ojos de la comunidad internacional es un claro retroceso.
La jefa de la legación diplomática estadounidense en El Salvador dijo que hoy más que nunca los salvadoreños pueden ver el ejemplo de Venezuela ante sus ojos, y cómo opera esa forma de concentración de poder.
Puso como ejemplo cuando el presidente Hugo Chávez, arropado por el apoyo popular fue minando toda la independencia de las instituciones, hasta quedar concentrado el poder en los suyos, en adelante la historia está contada.
Las turbulencias y desconcierto por las acciones tomadas por el Ejecutivo de Nayib Bukele y su Asamblea Legislativa han generado acciones de protesta en El Salvador, como la apatía de los salvadoreños ante la imposición del uso del bitcóin como moneda de curso legal en el país a partir de este martes 7 de septiembre, pero el mandatario sigue manteniendo altos índices de aprobación según sondeos de opinión pública.
El gobierno salvadoreño ha mantenido silencio en las redes sociales ante la contundente postura de Estados Unidos al plan de reelección del mandatario para un segundo término.
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