Funcionarios federales prometieron el viernes atender algunos de los problemas que los obligaron a no enjuiciar penalmente a ninguno de los 42 centroamericanos arrestados el fin de semana por cruzar ilegalmente la frontera con México durante un caótico enfrentamiento con agentes de la Patrulla Fronteriza.
Por lo regular las autoridades migratorias deportan a quienes cruzan ilegalmente la frontera, en vez de enjuiciarlos primero por el delito federal de ingreso ilegal debido a las “limitaciones presupuestarias, obstáculos legales y limitaciones procesales”, señaló Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés). Algunos de esos obstáculos incluyen la prohibición de separar a los niños de sus padres.
Pero dijo que las autoridades migratorias trabajarían con el Departamento de Justicia “para asegurar que los futuros miembros de caravanas que participen en enfrentamientos violentos con personal fronterizo sean enjuiciados con todo el peso de la ley por todos los delitos federales que cometan”.
Los migrantes viajan en una caravana cuyo tamaño es sumamente inusual -hay más de 6.000 personas esperando en la frontera con la ciudad mexicana de Tijuana-, y el gobierno del presidente Donald Trump ha proyectado la imagen de que el grupo está plagado de delincuentes.
Un miembro de la caravana, un hondureño de 46 años declarado culpable de homicidio, fue arrestado intentando cruzar ilegalmente la frontera, señalaron el viernes las autoridades. También informaron del arresto de un miembro de la pandilla MS-13.
Funcionarios del DHS han dicho que unos 600 miembros de las caravanas tienen antecedentes penales, pero no han indicado cómo obtuvieron tal información ni han proporcionado detalles.
“Esta caravana ha demostrado ser propensa a la violencia y el pueblo estadounidense está de acuerdo: no se tolerará la violencia contra nuestras fuerzas de seguridad fronteriza”, destacó Waldman.
