Cientos de personas marcharon este fin de semana en la ciudad de Homestead, en el sur de Florida, para protestar contra la ley SB 1718, que entró en vigor este sábado, 1 de julio, y que contempla, entre otras cosas, penas de hasta 15 años de prisión por trasladar a un indocumentado a Florida.
Lucía Quié estaba entre los manifestantes y acudió con un gran cartel que rezaba “Nuestra economía depende de los inmigrantes”. Ella dejó Guatemala hace más de 20 años en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Tiene dos hijas, trabaja en el campo y no tiene papeles. Admite estar “atemorizada” por esta nueva legislación y pide al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis que dé marcha atrás para invalidar la medida.
“Ojalá que Ron DeSantis se arrepienta, que abra sus ojos, su mente y su cerebro para que nos ayude porque nosotros sí que pagamos impuestos y hacemos la diferencia”, subraya defendiendo que “sin el turismo, la construcción y la agricultura, Florida no existiría”.
El mismo día que la ley entraba en vigor, varios grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos anunciaron que ya se está trabajando para interponer una demanda para bloquear esta legislación.
En una nota de prensa remitida a la Voz de América se alega que “la ley discriminatoria contra los inmigrantes representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.
La demanda, impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council y Southern Poverty Law Center, “se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se enfoca en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas, alegando que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”.
“Lo último que se pierde es la esperanza y tenemos la fe de que nuestra comunidad pueda defender sus derechos ante la justicia”, dijo Rosa Elera, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC).
Muchos de ellos consideran que esto es una estrategia política del gobernador de cara a las elecciones de 2024. Hace unas semanas, DeSantis confirmó que aspiraba a ser candidato presidencial por el Partido Republicano junto a otros aspirantes como el expresidente Donald Trump, el exvicepresidente Mike Pence o el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, entre otros.
“Es un juego político entre los mismos políticos y nos agarran a nosotros de campana. Y eso no se vale porque estamos viviendo con un gran estrés, con mucho miedo y no es justo de que él esté causando este pánico entre nuestra comunidad”, señaló Antonia Catalán, activista de la organización “¡Soy poderosa!”, que ayuda a las mujeres migrantes de Estados Unidos a luchar por sus derechos.
A partir de ahora, las empresas con más de 25 empleados en Florida deberán utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus legal de los nuevos trabajadores que contraten o, de lo contrario, corren el riesgo de ser multadas con 1.000 dólares diarios.
La ley también obliga a los hospitales a reportar trimestralmente al gobierno de Florida los pacientes indocumentados que atienden. DeSantis aclaró que este punto tiene como objetivo contabilizar los recursos públicos que se destinan a los inmigrantes indocumentados.
Por otro lado, también invalida las tarjetas de identificación y las licencias de manejar de otros estados. En otros lugares de Estados Unidos se emiten licencias de conducir a personas que no tienen un estatus legal en el país, lo que les permite manejar un vehículo en cualquier parte del país. Desde ahora, la única licencia válida será la de Florida.
Y, como se mencionaba anteriormente, el punto que ha causado mayor indignación es el que contempla penas de prisión por trasladar indocumentados a Florida. Se contemplan hasta 15 años de prisión si el indocumentado es menor de edad y 5 si supera los 18 años.
“Llevo desde 1988 en este país y yo no le debo nada al gobierno porque he estado declarando impuestos y no soy una carga para este país. En eso es en lo que se tiene que fijar, en que mantenemos el estado”, dijo el mexicano José Delgado.
DeSantis defiende la ley para luchar contra el tráfico humano
El gobernador de Florida, sin embargo, insiste en que esta medida tiene como objetivo luchar contra el tráfico humano y frenar los flujos migratorios provocados, según él, por las políticas de la Casa Blanca en la frontera sur con México.
“Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el tráfico de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida”, declaró DeSantis recalcando que “Florida no es un estado santuario” y que su gobierno defenderá “el Estado de derecho”.
DeSantis, uno de los principales contendientes en la campaña por la nominación presidencial republicana, que lidera el expresidente Donald Trump, ha hecho de la seguridad fronteriza un foco de su campaña, acusando al gobierno del presidente Joe Biden de políticas de inmigración permisivas.
"Ha sido una enorme dejación de funciones por parte del presidente", dijo DeSantis en una reunión con agentes de la ley en Sierra Vista (Arizona), cerca de la frontera de Estados Unidos con México.
No es la única vez. La administración Biden ha estado bajo las críticas de los republicanos, quienes alegan que la Casa Blanca mantiene una política de “fronteras abiertas”, en referencia a la llegada incesante de migrantes en situación irregular por la frontera sur.
La Casa Blanca cree que estas medidas “no solucionan el problema, lo crean”
Funcionarios del gobierno de Joe Biden han criticado las políticas y puntos de vista sobre inmigración provenientes del gobernador DeSantis y otros. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en intercambio con reporteros en enero, dijo que DeSantis “no está tratando de solucionar el problema, realmente está creando un problema”.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, ha defendido en Miami los logros del programa de parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que es objeto de una demanda presentada por una veintena de estados, entre ellos la Florida.
“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en enero desde el Pequeño Haití, un barrio de Miami con una alta población de nacionales de ese país.
Más de 700.000 indocumentados afectados
Se calcula que la medida podría afectar a más de 770.000 inmigrantes sin documentos legales que viven en Florida, de acuerdo con los datos del Instituto de Políticas Migratorias.
El 24 % de la población trabaja en la construcción, el 17 % en el campo y la administración, el 15 % en el sector de la hostelería y el 9 % en comercio minorista.
Otro informe del Instituto de Políticas de Florida concluye que si el estado se queda sin inmigrantes indocumentados supondría un duro golpe a la economía del estado en tanto que se perderían más de 12.600 millones de dólares, es decir, un 1,1 %
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