La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles el cese de lo que calificó como “deportaciones sumarias” de venezolanos por parte de Chile, e instó al Gobierno a cumplir con el debido proceso y asegurar que se cumple el derecho internacional.
“Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”, dijo el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, citado en el informe.
Los países de la región albergan a la mayoría de los más de cinco millones de migrantes y refugiados venezolanos que han salido de su país los últimos años.
En el texto, explican que en abril el gobierno chileno anunció su intención de deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades vía aérea a lo largo del presente año.
HWR señala que la Corte Suprema del país y diversas cortes de apelaciones ya han ordenado a las autoridades poner fin, en casos específicos, a las deportaciones de venezolanos "debido a los graves riesgos que podrían enfrentar en Venezuela".
“Las sentencias también dejaron en evidencia violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas, antes de que se lleven a cabo las deportaciones”, señalan.
Luego de una revisión de documentos y recolección de testimonios, Human Rights Watch identificó problemas en estos procesos, como la ausencia de debido proceso y concluyó que se trata de “deportaciones colectivas”, donde no se habría analizado caso por caso.
La organización presenta el caso de Darwin Daniel Sosa Piña, de 24 años, detenido el 5 de junio. Sosa fue deportado al siguiente día aún teniendo pendiente una apelación de la orden de deportación que había recibido en marzo y su pareja, embarazada, estando en Chile.
El gobierno chileno promulgó en abril una nueva Ley de Migración y Extranjería. La normativa busca, en palabras del presidente chileno Sebastián Piñera, "poner orden en nuestra casa a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal".
La cancillería chilena no se ha pronunciado sobre los comentarios de HRW.
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