Aferrados a la tierra, en la clandestinidad de un terreno baldío, yacen los cuerpos de miles de salvadoreños a los que nadie reclama, de los que no se conoce nombre ni apellido, o cuándo fueron enterrados en despeñaderos sin marca.
Esos son los cementerios clandestinos en El Salvador, que en su momento fueron usados por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 para ocultar sus homicidios y evitar operativos policiales, pero que hoy recuerdan el violento pasado que vivió el país centroamericano por décadas.
Es octubre, y en un circuito de colonias de San Salvador donde antes de marzo de 2022 se podía entrar, más no salir, las autoridades salvadoreñas trabajan de manera silenciosa en la exhumación de osamentas en un cementerio del que poco se sabe.
Marvin Reyes, quien fue policía por 20 años y ahora dirige un movimiento de agentes, asegura a la Voz de América que ese despeñadero no es el único donde se han hallado osamentas, explica que las autoridades tienen identificado 50 cementerios más, usados por las maras entre 2019 y 2021.
“Cuando ellos (pandillas) empezaron a asesinar y a ocultar los cuerpos, la policía, al no existir un cadáver, no llegaba, no había operativos, no había registros en las viviendas y no habían capturas. Esta era una estrategia bastante efectiva de las pandillas que daba la percepción de que no estaban ocurriendo homicidios en esos años”, explicó Reyes.
Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, la tasa de homicidios en El Salvador era de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal.
Pero el gobierno impulsó un millonario Plan Control Territorial que dio inicio 20 días después de que Bukele llegara a la presidencia, y las cifras cayeron de 38 a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, los registros de desaparecidos se agravaron.
Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de El Salvador dio a conocer entonces que la administración Bukele tenía los índices más altos de desaparición de personas, en comparación con los dos anteriores gobiernos.
El expresidente izquierdista Mauricio Funes cerró su periodo de mandato en 2014 con una tasa de 15,4 desaparecidos por cada 100.000 habitantes; su sucesor Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) lo cerró con 30. Mientras que Bukele llegó a 32 desaparecidos por cada 100.000 habitantes en los primeros dos años de su gobierno.
“Con la metodología de ocultar los cuerpos, no se tenía registro de los homicidios ocasionados por las pandillas. Además, asesinar y dejar los cuerpos tirados les generaba problemas porque la zona se llenaba de policías, había capturas, registros y recomponerse de eso les llevaba varios meses”, agrega Reyes.
Aunque El Salvador pasaba varios meses sin homicidios, de repente, las pandillas ordenaban “abrir válvulas”, que en su jerga significaba ejecutar grandes matanzas.
Fue debido a esos aprietos que el gobierno de Bukele, cuya narrativa era entonces que la Policía y el Ejército tenían un fuerte control territorial, impuso un régimen de excepción vigente desde 2022 hasta entonces. Esta medida fue la que logró desarticular a las maras de los barrios.
Pero las recientes exhumaciones recuerdan ese pasado.
El Barrio 18 dejó un cementerio clandestino al fondo de un barranco, de unos 30 metros de profundidad. Aún no se sabe con exactitud el número de fosas que contiene.
Este se ubica en la colonia Cumbres de San Bartolo, un bastión de la mara 18 en Salvador, similar a La Campanera, donde fue asesinado el director francoespañol Christian Poveda, durante el rodaje de su documental La Vida Loca.
Aunque las autoridades no han dado detalles al respecto, medios locales dan cuenta de la peregrinación de mujeres madres, esposas, hijas que esperan que entre los huesos amontonados y en desorden se encuentre su familiar desaparecido.
“Es muy probable que en varios años El Salvador siga encontrando fosas clandestinas", explicó a la Voz de América, Verónica Reyna, especialista en violencia y seguridad ciudadana en América Latina.
"También es relevante que se identifique, con el apoyo de la información comunitaria, estos lugares donde la Policía podría ir investigando ahora que la presencia de las pandillas en esos territorios ha disminuido significativamente”, agregó.
“Conocer si esta persona ha fallecido permite cerrar ese momento de dolor, darle sepultura y vivir el duelo es requerido para sanar esa herida”, dijo la especialista.
Desde 2022, los salvadoreños no pueden acceder a información relacionada con el número y la ubicación de fosas y cementerios clandestinos bajo el argumento oficial de que pone en riesgo las investigaciones.
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![En esta ilustración, del 30 de mayo de 2018, varias personas representadas por sus siluetas leen en sus móviles. Al fondo, cables de Internet en un centro de conmutación. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/494ef258-62b7-43bf-83cf-bd82358b8296_w160_r1.jpg)
![En esta ilustración, del 30 de mayo de 2018, varias personas representadas por sus siluetas leen en sus móviles. Al fondo, cables de Internet en un centro de conmutación. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/494ef258-62b7-43bf-83cf-bd82358b8296_w100_r1.jpg)
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