Mientras el presidente Nicolás Maduro tomaba posesión para un tercer mandato el viernes, periodistas venezolanos exiliados y partidos de oposición condenaron el arresto de un destacado activista de la libertad de prensa y conocida figura de la oposición.
El vecino de Venezuela, Colombia, citó el arresto de Carlos Correa, abogado, periodista y director de Espacio Público, cuando anunció que el líder del país, Gustavo Petro, se ausentaría de las ceremonias del viernes.
El gobierno venezolano dijo esta semana que había detenido a siete "mercenarios", incluidos dos estadounidenses. Sin embargo, el partido político Voluntad Popular dijo que las autoridades han detenido al menos a 19 personas.
Testigos vieron a figuras encapuchadas llevándose a Correa, de 60 años, dijo su organización sin fines de lucro en la plataforma de redes sociales X.
El gobierno dijo que también arrestó a Enrique Márquez, de 61 años, un político que se presentó a las elecciones presidenciales de 2024 y luego respaldó a Edmundo González como vencedor. Márquez está acusado de intentar dar un golpe de Estado contra Maduro, dijo el gobierno el miércoles. No hizo ningún comentario sobre el arresto de Correa.
González dijo que hombres enmascarados también se habían llevado a su yerno el martes mientras llevaba a sus hijos a la escuela.
Condenan arresto de periodista
El arresto de Correa sacudió a la comunidad de medios de comunicación de Venezuela, muchos de los cuales están en exilio debido a un ambiente mediático represivo.
“La comunidad periodística está conmocionada de que el régimen cruce la línea al detener a un defensor de los derechos humanos tan destacado”, dijo el documentalista Juan Ravell.
“La mayoría de los periodistas que han sido acosados y perseguidos en Venezuela conocen el trabajo de Carlos porque generalmente es el primero al que se recurre cuando sucede algo”, dijo Ravell a la VOA.
Ravell, quien abandonó Venezuela para trasladarse a Estados Unidos, dirigió la película A Dangerous Assignment (Una misión peligrosa, en español), sobre un caso de corrupción a gran escala en Venezuela, que emitió en Frontline de PBS.
“Los ataques a la libertad de prensa en Venezuela se han intensificado después del 28 de julio [fecha de las elecciones presidenciales] y la detención de Carlos es un paso más en esta preocupante trayectoria. Esperamos que la presión internacional convenza al gobierno de liberar a Carlos”, dijo Ravell.
Clavel Rangel, quien se exilió en 2020 en medio de amenazas legales, dijo que Correa y Espacio Público son “un aliado de los periodistas y trabajadores de prensa que han sido sometidos a procesos judiciales o que, como él, han sido sometidos a desapariciones forzadas”.
Rangel había sido acusada de difamación después de que ella y un colega informaran sobre el sector metalúrgico de Venezuela.
“Como periodista venezolana, exijo su liberación inmediata. El equipo de Carlos ha [ayudado] a los periodistas con un mensaje de texto, con la asistencia de abogados, asesoría legal y cientos de informes que dejan un registro de lo que les sucede a los trabajadores de la prensa”, dijo.
“Personalmente, tengo mucho que agradecerle a Carlos: mi formación como periodista y como periodista que ha necesitado asistencia legal varias veces”, añadió la periodista.
El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a un correo electrónico de la VOA solicitando un comentario sobre los arrestos.
Agitación política
El ministro del Interior del país confirmó el arresto de Márquez, argumentando un supuesto intento de golpe de Estado contra Maduro, informó la agencia AFP.
"Enrique Márquez es parte del golpe de Estado que querían llevar a cabo en Venezuela", dijo Diosdado Cabello en televisión. El funcionario dijo que Márquez estaba "vinculado al gringo del FBI", en alusión a un estadounidense anónimo que las autoridades dicen que también ha sido arrestado.
El gobierno venezolano ha acusado repetidamente a la oposición de conspirar con gobiernos extranjeros para cometer actos de sabotaje y terrorismo.
Caracas está investigando a los principales líderes de la oposición por presunta conspiración, entre otros cargos, y ha acusado repetidamente a varios opositores de supuestamente incitar a la violencia con sus afirmaciones de victoria en las elecciones de julio.
La oposición publicó las actas con los recuentos da votos recopilados por sus observadores en la urnas, con las que aseguran que alcanzaron una victoria contundente con su candidato González.
González es reconocido por varios gobiernos, incluido el de Estados Unidos, como presidente electo de Venezuela. Actualmente se encuentra de gira para promover la causa de la oposición. El gobierno venezolano ofrece una recompensa de 100.000 dólares por su captura.
La autoridad electoral de Venezuela y el máximo tribunal del país sostienen que Maduro ganó las elecciones, pero no han publicado informes detallados para verificar esta afirmación a pesar del pedido internacional para que lo hagan.
En un discurso después de ser juramentado el viernes, Maduro afirmó haber "cumplido con la constitución" y acusó a los poderes externos de atacar a Venezuela.
Pero la elección impugnada y los arrestos de activistas de la libertad de prensa y políticos de la oposición llevaron a algunos líderes extranjeros a boicotear la toma de posesión de Maduro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en las redes sociales que las detenciones de Márquez y Correa significaban que no podría asistir a la toma de posesión de Maduro.
Petro agregó que no rompería las relaciones con Venezuela, con quien ha buscado aumentar el comercio.
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, describió a Maduro como un "tirano".
El gobierno español dijo que ni España ni la UE enviarían un representante a Caracas para la ceremonia del viernes.
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, dijo a los periodistas que la UE estaba coordinando una posición común contra el gobierno de Maduro para garantizar la "integridad física, la libertad de expresión y la libertad de manifestación". España también ha concedido asilo a González.
El viernes, Estados Unidos también anunció nuevas sanciones para funcionarios venezolanos en el entorno de Maduro, incluido el presidente de la empresa petrolera estatal y funcionarios militares y policiales que, según el Departamento del Tesoro, desempeñaron "papeles en la ejecución de la represión y los abusos de los derechos humanos" ordenadoss por Maduro.
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